FAES propone detener la construcción de centrales subvencionadas y mantener 60 años las nucleares

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, defiende una reformulación de la estrategia energética que incluye el fin de la ayudas al carbón, la suspensión temporal de la construcción de centrales subvencionadas mientras no se pague el déficit de tarifa y la extensión a 60 años de la vida útil de las nucleares, incluida Garoña.

Así lo adelantaron Fernando Navarrete y Pedro Mielgo, director y coordinador del informe «Propuestas para una estrategia energética nacional», que presentarán oficialmente el próximo martes el propio Aznar y el ex presidente de Endesa y ex diputado del PP Manuel Pizarro.

El secretario general de FAES, Jaime García-Legaz, aclaró en rueda de prensa que los problemas de España en éste ámbito no son un «horizonte imprevisto» que se deba a la situación actual en Oriente Próximo.

Navarrete enumeró las propuestas del informe para mejorar la eficiencia y competitividad del mercado energético y reducir su dependencia exterior. Por ejemplo, sugirió poner a las ayudas al carbón una fecha tope «cercana e improrrogable» y centrarse en la reconversión mejor que «seguir prorrogando la agonía».

Igualmente, defendió mantener las ayudas ya comprometidas a las renovables pero suspender la construcción de nuevas centrales subvencionadas y la convocatoria de nuevas ayudas para la energía eólica. Las concedidas a las tecnologías «menos maduras» se convertirían en subasta de primas incentivadas con beneficios fiscales.

Asimismo, abogó por limitar los peajes y tarifas a los objetivos señalados de producción, y dejar que el exceso de la misma lo asuman las comunidades autónomas que han convocado concursos por encima de tales objetivos. Entre las medidas para reducir la dependencia energética, destacan la reducción del precio del transporte por tierra gracias al ferrocarril, el impulso a las interconexiones gasísticas con el resto de Europa y el refuerzo de la acción diplomática con los países proveedores.

Por su parte, Mielgo se centró en la energía eléctrica y denunció que la subida de la tarifa eléctrica se debe a los peajes regulados y las decisiones administrativas más que a las condiciones de mercado. Aunque se mostró de acuerdo con los objetivos del bono social, declaró ser partidario de lograrlos mediante ayudas fiscales sin distorsionar los mercados. En este ámbito, apostó también por los «contadores inteligentes» que permitan al usario ahorrar decidiendo cuándo consume.

Además, se mostró muy crítico con el cierre de la central de Garoña y, en general, con el debate sobre los 40 años de vida útil de las nucleares, cuando, aseguró, en el resto del mundo el límite se fija en torno a los 60. Incluso, defendió la ampliación de la capacidad de los actuales emplazamientos nucleares y la búsqueda de nuevos para construir más centrales en el futuro. Finalmente, reivindicó un aprovechamiento de la energía minihidráulica equivalente al que elogió de la gran hidráulica.

Los expertos de FAES abordaron también el tema de la seguridad jurídica y reclamaron la clarificación y uniformización de las competencias estatales y autonómicos. En el ámbito exterior, denunciaron la paradoja de que empresas españolas estén buscando lugares donde instalar centrales en otros países ante la imposibilidad de hacerlo en éstas, y también que el Gobierno haya dejado a otras muchas «al pie de los caballos» en países como Venezuela y Bolivia.

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