PP de Madrid dice que el caso se reabre para practicar unas pruebas que la anterior juez no veía oportunas

PP de Madrid dice que el caso se reabre para practicar unas pruebas que la anterior juez no veía oportunas
Mariano Rajoy.

El PP de Madrid ha asegurado este miércoles que la Audiencia de Madrid ha reabierto el ‘caso del espionaje’ con el fin de practicar una serie de diligencias que ya se habían pedido y que la juez que archivó la causa en julio y la Fiscalía «no veían pertinentes por no aportar nada».

Fuentes de la formación madrileña han explicado a Europa Press que la Fiscalía se opuso a la estimación del recurso del PSOE y, por tanto, a la reapertura del caso en un escrito fechado el pasado 11 de febrero.

«Consideramos que la reapertura obedece a las decisiones por practicar unas pruebas que en su momento la juez desestimó. Además, la Fiscalía apoyó el archivo», han agregado las mismas fuentes.

El Ministerio Público explicaba en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que no quedaba acreditada la existencia de infracción penal, por lo que pedía que se desestimara el recurso del PSOE –en el que solicitaban que se practicara una serie de pruebas– y se confirmara el auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La Fiscalía señalaba que, según doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, para que se realicen determinadas pruebas es imprescindible que éstas sean «necesarias, pertinentes y relevantes con el objeto del procedimiento».

También entendía que era «irrelevante» practicar pruebas relativas a vehículos, justificantes de repostaje, datos de la tarjeta SOLRED, Teléfonos móviles y facturación, entre otros, de la Dirección General de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid porque el llevarlas a cabo «no permite determinar que los vehículos o teléfonos mencionados hayan sido utilizados en los concretos y presuntos seguimientos».

En este sentido, puntualiza que no es «posible» determinar qué consumos telefónicos o de combustible pueden estar relacionados con los hechos imputados, «ni por tanto es posible acreditar que se ha producido en el destino de los mismos a usos privados o ajenos a la función pública».

«Ni tampoco como consecuencia de lo anterior dicha prueba contribuye a concretar el importe de la defraudación a los efectos establecidos en el artículo 433 párrafo segundo y en 434 del Código Penal (acreditar grave perjuicio para la causa pública)», añade.

Otra de las peticiones de los socialistas era que declarase como testigo o imputado el subdirector general de Seguridad Operativa de la Dirección General de Seguridad, Miguel Castaño. A este respecto, afirma que la prueba «carece de relevancia» porque, teniendo en cuenta la instrucción, no hay «ningún indicio» de que participara en los seguimientos.

Además, precisa que tampoco hay signos de que Castaño «ordenara o conociera» estos seguimientos «dado que las personas presuntamente implicadas, José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez, en sus funciones de asesores de seguridad, actuaban bajo la dirección del director general de Seguridad Sergio Gamón».

Por las mismas razones, La Fiscalía asegura que tampoco considera «relevante» la declaración como testigo o imputado de Marcos Peña o de Yolanda Laviana, expareja de Gamón. En este último caso, precisa que su testimonio es de «incierta credibilidad» por al relación que la une a Gamón.

En otro punto de su escrito, la Fiscalía destaca que la ausencia de ánimo de lucro propio o ajeno «impide en el presente procedimiento la aplicación del artículo 434 del Código Penal que exige además la concurrencia de un grave perjuicio para la causa pública, perjuicio igualmente no acreditado».

Por estas razones, entendía que, «al no quedar acreditada la existencia de infracción penal», había que desestimar el recurso de los socialistas y confirmase el auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones.

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