El portavoz del PP en el Parlamento vasco, Leopoldo Barreda, reveló este lunes que su formación ya está elaborando mociones de condena a la banda terrorista ETA en los ayuntamientos vascos, de tal modo que los concejales de Bildu tengan que apoyar esas condenas o arriesgarse a perder su acta de concejal de acuerdo con la última reforma de la Ley Electoral.
«Estamos ya en ello», confirmó Barreda a Servimedia, detallando que el contenido de tales mociones, que se aprobará en el Comité Ejecutivo del PP mañana, se referirá a que «el objetivo de todos los demócratas ha de ser la disolución de ETA y la condena de todos sus atentados y la trayectoria criminal de la banda», que son «claramente contrapuestos» a los usos democráticos. También explicitarán que «no puede haber ningún rédito» de la actividad terrorista porque ello «sólo serviría para que alguien pudiera entender justificado retomar esos medios» en el futuro.
Tras las manifestaciones callejeras de este fin de semana pidiendo el acercamiento de presos e incluso la amnistía, Barreda reprochó a Bildu que «constuir el futuro requiere también un relato del pasado claro y categórico, que no permita legitimar a ETA ni ahora ni después, ni deslegitimar a las instituciones ni justificar el terrorismo por sus supuestos frutos en un momento determinado».
No obstante, el portavoz popular admitió que, pese a dichas concentraciones, «de momento es pronto» para reclamar sólo por ellas la retirada del acta de concejal a los ediles de Bildu, dado que «lo que ha habido ha sido en la calle». Además, añadió, «están poniendo por delante a Eusko Alkartasuna para que hable», un movimiento que reconoció «bien planteado» estratégicamente.
Menos indulgente se mostró con las amenazas a los ediles del PP en localidades como Elorrio y Basauri. A éstos últimos, testificó, los simpatizantes abertzales les llegaron a amenazar de muerte insinuando que sabían dónde vivían.
En este sentido, Barreda lamentó que «es evidente que desde el minuto 1 han sacado la patita del tiesto», y nada garantiza que los incidentes, que se pueden considerar aislados si se contemplan en el conjunto del País Vasco, no se vayan a cumplir de forma muy concreta en el caso de las personas amenazadas.
