Sáenz de Santamaría ha insinuado que Rubalcaba pudo abandonar el ministerio porque sabía que se podía producir esta sentencia
Es pequeña de estatura y está embarazada, pero a la hora de la gresca política puede ser dura como el más fiero bulldog. Soraya Sáenz de Santamaría no se ha parado en barras.
Este 13 de julio de 2011, la portavoz popular ha comparecido en el Congreso de los Diputados -poco despues de que el juez Ruz hiciera público el procesamiento de tres mandos de la lucha antiterrorista por el ‘chivatazo‘ a ETA en el bar Faisán- y ante la prensa sentenciado que Alfredo Pérez Rubalcaba está inhabilitado para ser candidato del PSOE.
«Por responsabilidad política está inhabilitado e incapacitado para cualquier cargo público, también para pedir la confianza de los españoles».
Mientras Mariano Rajoy evita casi siempre polemizar con Rubalcaba, prácticamente todo su equipo de confianza, y en especial Sáenz de Santamaría, dirige sus dardos dialécticos contra el veternao político que ha venido a ocupar el vacío dejado por Zapatero.
Y con las novedades del caso Faisán, desastrosas para el PSOE y lesivas para Antonio Camacho, recién nombrado ministro del Interior, la ofensiva ha subido de grado y de tono.
Sáenz de Santamaría ha insinuado incluso que Rubalcaba pudo abandonar el ministerio la semana pasada porque sabía que se podía producir esta sentencia.
La portavoz del PP ha asegurado que seguirán preguntando por este asunto, cada vez que se presente la ocación.
«A Rubalcaba ya no le pueden pedir explicaciones parlamentarias, pero sí públicas. Tiene que dar un explicación y su partido debe decidir si una persona con esta responsabilidad puede ser su candidato. Creemos que está ilegitimado».
EL JUEZ APRIETA LAS TUERCAS
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado este miércoles 13 de julio de 2011 a los tres imputados por el presunto chivatazo policial a ETA, conocido como el caso Faisán. Ruz les acusa de colaborar con la banda terrorista, revelar secretos y encubrimiento.
Los procesados son el ex director general de la Policía Victor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros.
En su resolución, de 75 páginas, el juez Ruz plantea las dos calificaciones alternativas de colaboración terrorista o encubrimiento, aunque se inclina más por tipificar los hechos como delito de colaboración con banda armada.
Para el juez, «en el presente momento aparecen motivos bastantes para afirmar que los ahora procesados pudieron cometer» los mencionados delitos y concluye que los tres mandos policiales pudieron filtrar a ETA detenciones inminentes que se iban a producirse.
Ruz tomará declaración indagatoria a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros el próximo 19 de julio a partir de las 10:00 para comunicarles su procesamiento.
Según detalla en el auto, el juez ha recabado hasta doce indicios contra los procesados, sin perjuicio de la prueba que se practique en el juicio oral, entre los que cita la confirmación de la presencia junto al bar Faisán de Ballesteros en los minutos previos a producirse la llamada telefónica investigada y que es atendida por el dueño del establecimiento Joseba Elosua en el interior del local.
También cita que el conocimiento que tuvieron de la filtración fue a través de la baliza instalada en el vehículo de Elosua.
Asimismo, el magistrado pone de manifiesto los cortes registrados en la cintas de vídeo que grabó las inmediaciones del bar Faisán el día que se produjo el soplo.
El 20 de junio de 2006, las policías española y francesa, bajo la coordinación de los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, asestan un duro golpe a la red de extorsión de ETA al detener a 12 personas implicadas en el cobro y gestión del llamado impuesto revolucionario a empresarios vascos y navarros.
La operación estuvo a punto de irse al traste ya que el 4 de mayo anterior un policía avisó a uno de los responsables de la trama de extorsión de ETA de que les estaban investigando y de que podían ser detenidos en cualquier momento.
El chivatazo se lo dio presuntamente un policía al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, uno de los jefes del aparato recaudador de los terroristas.
La Audiencia Nacional investiga desde entonces quiénes son los responsables de lo que el juez ha denominado «delación policial».