Ricardo Costa se resiste a admitir la culpa y Génova le ofrece alguna compensación política
El Partido Popular quiere quitarse un lastre electoral de encima. Mariano Rajoy ha dado órdenes precisas para que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, salde sus deudas con la Justicia y que el PSOE no pueda utilizar el caso de los trajes como un arma arrojadiza durante la campaña de las presidenciales.
Aunque ha habido reticencias en el núcleo duro de Camps, al final éste parece resuelto a asumir el pago de la multa que le evitará el juicio por el denominado «caso de los trajes». Sólo de esta manera podrá seguir en activo sin que se le pueda recordar constantemente su implicación en el caso Gürtel –Camps reanuda su agenda institucional cinco días después de abrirle juicio oral por Gürtel-.
Cierto es que el jefe del Ejecutivo valenciano insiste en su inocencia, pero hay datos más que evidentes de que jueces y fiscales le intentan ‘apretar las tuercas’ de forma muy distinta y con mucho más rigor que a José Bono y otros líderes socialistas, esto zanjaría el embrollo.
Ha sido Mariano Rajoy quien ha pedido a Camps que acepte y evite así toda posibilidad de aparecer sentado en un banquillo en la antesala de las elecciones generales.
La solución diseñada por Génova, que pasa por encima de la voluntad de un Camps partidario de seguir adelante para tratar de demostrar su inocencia, consiste en que el presidente de la Generalitat materialice cuanto antes el pago de la sanción, con lo que el horizonte más temido por la cúpula del PP quedaría conjurado.
Federico Trillo, el hombre de Rajoy en este asunto, ha negociado todo con Juan Cotino. Previamente, Rajoy habló con Camps y no le pidió que dimita, pero sí que busque una solución para no llegar a un juicio en otoño.
La conformidad por parte de Camps, en la que viene meditando desde hace días, supondría la asunción del pago de la pena que reclaman la Fiscalía -49.500 euros- y el Ministerio Público por la presunta comisión de un delito de cohecho pasivo impropio.
En otras palabras: una simple multa, que no lleva aparejada inhabilitación o pena adicional alguna. Frente a la algarabía de los socialistas valencianos y los medios de comunicación afines, la cúpula del PP en Madrid y Valencia ve la dimisión de Camps como opción ‘improbable‘.
La acusación sostiene que recibió dádivas, en forma de prendas de vestir, de empresas de la trama «Gürtel».
Junto a Camps, deberían hacer lo propio los otros tres acusados, el ex secretario regional del partido Ricardo Costa -el más reticente-, el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería autonómica de Turismo.
Si los cuatro deciden allanarse pagarían el tramo más alto de la pena reclamada (49.500 euros).
Ricardo Costa es el único que no era miembro de aquel Gobierno cuando saltó el caso de los trajes, con lo que tiene mejor defensa.
Admitir su culpabilidad -reconocer que ha mentido- puede complicar su defensa en el otro proceso, el de la financiación ilegal, en el que él está imputado y Camps no. Se arriesga a la cárcel, pero no será eso un escollo serio, porque desde la calle Génova le han ofrecido ‘compensaciones políticas’.
Será el juez que presidirá el tribunal del jurado de esta causa, el magistrado Juan Climent, el que aceptará finalmente ese pago sin que los acusados precisaran alcanzar acuerdo alguno con la Fiscalía o el PSPV, que ejerce la acusación popular.