UPyD en Andalucía incluirá dentro de su programa electoral que se devuelvan, de manera inmediata, las competencias que la Junta tiene sobre el Guadalquivir, con el retorno de todos los medios materiales y humanos disponibles y necesarios para su gestión, así como también la derogación de la Ley de Aguas de Andalucía, «ante la imposibilidad de ser aplicada en todo el territorio andaluz».
En un comunicado, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia en Andalucía, Paloma Medina, también ha demandado reconfigurar la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, estableciendo su sede en la ciudad de Málaga y con una estructura asimilable al del resto de confederaciones hidrográficas de España; así como también las cuencas de la provincia de Cádiz y de la provincia de Huelva (con estructura equivalente a la de las confederaciones).
Medina ha considerado necesario instar al Gobierno de la Nación a la actualización y modernización de la Ley de Aguas nacional y a aplicar en todo el territorio español incluida Andalucía; impulsar la aprobación de los nuevos Planes Hidrológicos de Demarcación; retomar los planes nacionales y regionales de depuración; y adoptar los procedimientos y aplicaciones informáticas comunes en todo el territorio nacional.
Asimismo, ha afirmado que la administración hidráulica andaluza carece de una estructura clara y definida, de una identificación clara de competencias, de una dirección capaz y competente, de recursos económicos para desarrollar las inversiones necesarias y que «ni siquiera puede mantener la gestión de la explotación, segura y ordinaria, de las infraestructuras y de su personal».
«Desde el inicio del traspaso de las competencias, en el año 2005, se han llevado a cabo cuatro modelos de administración hidráulica distintos para gestionar las cuencas hidrográficas. Todavía el actual no es definitivo y se desconoce cuál será el próximo», ha declarado Medina, quien ha añadido que el Acuerdo Andaluz fue «traicionado» en uno de los cambios políticos de la Consejería de Medio Ambiente que materializó la Ley de Aguas andaluza, «rechazada por una parte destacada de los sectores afectados».
Asimismo, Medina ha subrayado que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulo el artículo 53 del último Estatuto de Andalucía por el que se transfería la parte de la cuenca del Río Guadalquivir que discurre íntegramente por Andalucía, ha supuesto «un nuevo revés al desbarajuste jurídico, organizativo y operativo de la administración del agua en Andalucía».
Según UPyD, el nuevo proceso de reordenación de la administración general de la Junta de Andalucía, «que afecta directamente a la administración hidráulica, y que está siendo contestado y recurrido a todos los niveles, genera un grado adicional de despropósito organizativo, de parálisis operativa y, por todo ello, de un pésimo servicio público.
