El coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, ha anunciado que si su partido accede al Gobierno central, introducirá la revisión «integral del sistema de penas y la introducción como pena máxima de la prisión perpetua revisable que ya tienen hasta 14 países europeos y que está apoyada por el 82 por ciento de la opinión pública».
Además, ha añadido, durante su participación en la mesa ‘Una democracia ejemplar’ celebrada en el marco de la Convención Nacional del PP que se está celebrando en Málaga, que los ‘populares’ restablecerán el recurso previo de insconstitucionalidad «para que no vuelva a producirse lo ocurrido en las legislaturas de Zapatero con los estatutos de autonomía».
Otra de las reformas que acometerá el PP será la del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que 12 de sus 20 miembros sean elegidos «por y entre los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales».
En este sentido, ha defendido la imparcialidad de los jueces y magistrados y ha abogado por «reforzar las causas de recusación objetiva para quienes hayan estado en asuntos políticos». «El problema no es que participen en política, el problema es cuando retornan», ha dicho, y ha agregado que quienes hayan participado en tareas políticas «estarán inmersos en una causa de recusación objetiva sobre cualquier asunto relacionado con los partidos políticos».
CONDE PUMPIDO, EN LA LEYENDA NEGRA JUDICIAL
El dirigente ‘popular’ se ha referido igualmente a la necesidad de reformar la Fiscalía para recuperar la profesionalización «y acabar con el sectarismo reforzando las competencias del Consejo Fiscal». En este punto, ha criticado al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, «ese ser inefable que dejará su nombre en la leyenda negra de la historia judicial española».
«Hemos vivido los años de mayor sectarismo y partidismo , separándose del criterio del Consejo Fiscal que ha reformado de manera que su nombramiento ha sido de gentes ideológicamente próximas», ha apostillado, y ha lamentado que más del 67 por ciento de los ciudadanos actualmente no confían en el Estado de Derecho, lo que ha definido como «una barbaridad».
Según Trillo, recuperar la confianza en la ley, en el Estado de Derecho y en la Justicia es prioritario «y urgente»: «Para el PP esta confianza en la ley y por la ley, forma parte de sus señas de identidad y para recuperarla es necesario reactivar el modelo constitucional».
El ‘popular’ ha exigido que las sentencias se ejecuten y se cumplan, al igual que las penas en beneficio de la comunidad. «Vamos a hacer lo posible para volver a la normalidad», ha apostillado y ha insistido en que el PP «restablecerá la independencia judicial y volverá al principio fundamental para el funcionamiento democrático del Imperio de la Ley».
ETA, «UNA AMENAZA»
Por su parte, el coordinar de Electoral del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, se ha referido a la necesidad de derrotar al terrorismo, lo que ha considerado «el gran reto de la democracia de España». Así, ha recordado que uno de los pasos «más importantes» que se dieron fue cuando «nos dimos cuenta de que ETA no era sólo los comandos».
«La ilegalización le hizo mucho daño a ETA y la palabra y las pistolas son incompatibles», ha dicho el ‘popular’ quien ha emplazado al Gobierno central a estar «muy vigilante con Amaiur». «Si tienen informes policiales, pruebas, de que detrás está Batasuna, es decir, ETA, que lo pongan a disposición de los tribunales», ha sostenido.
El objetivo, ha continuado, «no es que ETA deje de matar sino que deje de existir», insistiendo en que con los terroristas «no se negocia porque éstos luchan para intentar imponernos su proyecto totalitario, que es incompatible con la democracia y los derechos humanos». A juicio de Bermúdez de Castro, ETA «está en tregua pero sigue viva y mientras siga viva es una amenaza».
RETRASOS JUDICIALES
Por su parte, el secretario general del PP balear y cabeza de lista al Congreso por Islas Baleares, Miguel Ramis, ha criticado, por su parte, «los retrasos injustificados en las resoluciones judiciales, los pactos con la Fiscalía, la utilización espuria de los medios, la politización de la Justicia o la judicialización de la política». «Hoy en España necesitamos cambiar la Justicia para que sea ágil y eficaz», ha apostillado.
Más aún, ha advertido de que «los medios al servicio de la Justicia son insuficientes y los que existen están mal gestionados». Por ello, ha planteado una serie de objetivos para que los ciudadanos «vuelvan a creer en la Justicia», que pasan por su modernización, dotándola de los medios humanos y materiales, sobre todo informáticos, para «darle la agilidad que ahora no tiene».
De igual modo, ha señalado la necesidad de mejorar la formación de los profesionales –jueces, magistrados, fiscales, funcionarios, etcétera–; garantizar desde el Estado la seguridad jurídica para hacer unas leyes justas con vocación de permanencia en el futuro, de manera que haya estabilidad; que el ministerio fiscal se refuerce y sea «un garante del interés público y no un simple acusador»; repensar la oficina judicial, e impulsar la jurisdicción voluntaria.
En materia de seguridad, el candidato del PP al Congreso de los Diputados por La Rioja, Conrado Escobar, ha demandado «más seriedad, más solvencia y confianza», sobre todo cuando «estamos ante la mayor crisis de confianza en las instituciones de la historia de la democracia».
Así, ha indicado que casos como ‘Faisán’ o el de la deportista Marta Domínguez evidencian «un debilitamiento en la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que algo falla». «Si hay que responsabilizar a alguien de esta crisis en seguridad es a José Luis Rodríguez Zapatero y a Alfredo Pérez Rubalcaba», ha aseverado, lamentando que la gestión socialista se traduzca en «la falta de agentes en la calle» y en «una desmotivación».
Para dar respuesta a esta situación, Escobar ha propuesto redefinir la estrategia en materia de seguridad, estando siempre del lado de la víctima; fortalecer la dimensión internacional de España y modernizar el control de las fronteras; asegurar una mayor presencia policial, lo que se consigue con una mejor gestión y tendiendo la mano a las policías locales, y sobre todo trabajar con los propios policías y los guardias civiles para encontrar soluciones.
