El programa electoral de Izquierda Unida en materia periodística es un completo compendio, bajo la careta de una supuesta «democratización», de intervencionismo absoluto en los medios y ataque a las empresas privadas. Llega a reprochar al Ejecutivo socialista que no siga el ejemplo de los gobiernos populistas latinoamericanos, como el de Hugo Chávez o Rafael Correa. Las propuestas de IU son de un corte claramente chavista. Pasan por el control sindical y político de los medios privados y la entrega de tiempos de emisión en las radios y televisiones públicas a partidos, sindicatos y organizaciones sociales.
En la introducción de su apartado «Por unos medios de comunicación públicos y democráticos», la coalición de Cayo Lara dice:
La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual establece en palabras lo que no garantiza con los hechos. Formalmente asume la democratización que se está desarrollando en América Latina al anunciar un reparto equitativo entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales. Pero en la práctica reduce el servicio público, bloquea las iniciativas sociales y concede absoluta impunidad a las grandes empresas comerciales.
La «democratización» de los medios ha sido el argumento utilizado por Hugo Chávez para clausurar docenas de emisoras de radio y televisión venezolanas contrarias a su Gobierno. Igual excusa puso la presidenta argentina, Cristina Fernández para imponer su «ley mordaza» diseñada para dañar a los principales grupos mediáticos de su país, La Nación y Clarín. También Rafael Correa (Ecuador) o Evo Morales (Bolivia) han recurrido a este discurso para justificar sus presiones y sanciones contra periódicos y periodistas críticos con sus políticas.
El hecho de que, según asegura, el espacio radioeléctrico reservado al «servicio público» sea del 30% concede, en palabras de Izquierda Unida «una absoluta impunidad a los negocios audiovisuales en el 70% de la difusión audiovisual. Así, la iniciativa privada en radio y televisión es mostrada como algo similar a un crimen por la elección del término «impunidad». Este rechazo a lo privado se refleja en varias medidas concretas propuestas, como el blindaje contra la posible privatización de los canales estatales, autonómicos y municipales.
Consecuencia lógica de este rechazo a la iniciativa privada, y puesto que no pueden pedir su eliminación absoluta, la coalición propone:
Que la ley general de la comunicación audiovisual garantice de verdad el reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal.
Las denominadas «iniciativas sociales» son las mismas que utilizan Chávez y sus aliados para clausurar medios privados y conceder canales a sindicatos y organizaciones, supuestamente de la sociedad civil, controladas por ellos.
CONTROL SINDICAL DE LOS MEDIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Aunque no lo cita con este nombre, IU defiende el establecimiento de órganos sindicales que controlen los contenidos y la línea editorial de los medios tanto públicos como privados:
Constituir en el seno de las empresas informativas órganos de participación y para la consulta e interlocución entre las profesionales de la información y las empresas, para todo lo referido a los contenidos informativos, línea editorial, elaboración de las informaciones en las redacciones y su gestión.
Este control político y sindical de los medios privados se afianzaría además, en el caso de los audiovisuales, con la creación de un Comité Estatal de Medios Audiovisuales (el equivalente nacional del CAC catalán). Este se encargaría, entre otras cosas, de «la supervisión del servicio público» o «la vigilancia de los negocios audiovisuales».
Las radios y televisiones públicas merecen alguna medida aparte, incluyendo la entrega sin condiciones de tiempo de emisión a los partidos políticos, sindicatos y, una vez más, las denominadas «organizaciones sociales». Dichas emisiones estarían controladas en exclusiva por ellos:
Reparto de espacios de libre disposición entre los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales.
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