El Gobierno Rajoy exigirá responsabilidades penales a los gestores públicos

Los políticos manirrotos con dinero público irán a la cárcel

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, insiste en los micrófonos de la SER en que el Gobierno ayudará a las autonomías a resolver sus problemas de liquidez para que puedan pagar a sus proveedores

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado en la Cadena SER que la ley la ley de Transparencia del Gobierno recogerá, entre otras novedades, que «un gestor público no puede gastar más allá de los límites de su presupuesto porque falsea la contabilidad pública» y en consecuencia, se le exigirá responsabilidades penales.

«Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos», ya sean políticos o personas nombradas por políticos, ha apuntado Montoro.

El ministro ha explicado este 18 de enero de 2012 que un gestor público «no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto», porque si lo hace estaría falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables.

Cristobal Montoro ha insistido en que el Gobierno ayudará a las autonomías a resolver sus problemas de liquidez para que puedan pagar a sus proveedores.
Saneamiento de las CC.AA.

Este martes por la tarde, Montoro informó de que Moncloa creará una línea «excepcional» de créditos ICO cuyo uso sería exclusivamente para hacer frente a pagos a esos proveedores.

Pero para poder beneficiarse de esta línea será requisito indispensable que la comunidad que se acoja a ese préstamo presente un plan de saneamiento con medidas concretas para reducir el déficit.

Asimismo, se ampliará de cinco a diez años el plazo para que las autonomías devuelvan al Estado los anticipos a cuenta recibidos en los años 2008 y 2009 y que ascienden a casi 24.000 millones de euros.

Montoro anunció también que el Estado adelantará el pago de la liquidación del año 2010, ejercicio en el que las autonomías recibieron como anticipos menos ingresos de los que finalmente les correspondían, unos 8.000 millones que podrían ingresar en las próximas fechas.

Además, se cambiarán los plazos en los que el Gobierno autoriza a las comunidades a emitir y renovar su deuda.

 

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