Denunciada la diputada Libertad Martínez por haber supuestamente suplantado a Cayo Lara en Internet
La soterrada lucha por el poder en Izquierda Unida (IU) de la Comunidad de Madrid se ha reavivado a tenor de dos recientes resoluciones judiciales.
La primera, la imputación por acoso sexual del número tres federal y diputado madrileño, Miguel Reneses. La segunda, la investigación judicial sobre el supuesto pirateo informático de la página web de IU antes de las elecciones autonómicas de mayo, un delito en el que habría participado la diputada madrileña de la formación Libertad Martínez, que niega tener relación con el caso.
Como explica Tono Calleja en ‘El País’, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió la semana pasada imputar un presunto delito de acoso sexual a Reneses.
Su víctima habría sido una excompañera de partido en Fuenlabrada (Madrid), que lo denunció en 2009. Tras su imputación, Reneses renunció a la Secretaría de Organización federal, pero mantiene su acta de diputado, pese a que el coordinador regional, Gregorio Gordo, insinuó la conveniencia de su abandono.
Los detractores de Reneses en IU sostienen que el coordinador federal, Cayo Lara, realmente no le ha desplazado de su puesto, pues sigue acudiendo a su despacho «todos los días, como si no pasara nada».Los detractores de Reneses dicen que no lleva una vida precisamente ejemplar.
Y recuerdan su pésima actuación durante sus comparecencias como portavoz de IU en la Asamblea durante el tamayazo (que dio la presidencia regional a Esperanza Aguirre en 2003). Y, sobre todo, relatan el escándalo en el que se vio envuelto en 2004 al pagar con dinero público un viaje privado con una mujer a París.
En los últimos días, nuevas filtraciones en el seno de IU han puesto de manifiesto que el partido en Madrid mantiene una deuda de más de dos millones de euros con Hacienda y la Seguridad Social. Pero, sobre todo, que 212.000 de los 500.000 euros del presupuesto electoral de la pasada campaña autonómica no han podido ser justificados ante la Cámara de Cuentas.
Además, las sospechas de nepotismo se ciernen sobre la diputada Libertad Martínez, a quien se le acusa de adjudicar a su marido por 500.000 euros la organización de la campaña electoral en Madrid.