El Gobierno considera que, antes de intentar ya la ilegalización de Bildu y Amaiur, hay que esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Sortu, la anterior marca de la izquierda abertzale. Esa prudencia no es compartida por UPyD, que la ve como «cobardía» porque exige «arriesgarse a ganar» y que la próxima semana podría plantear una votación al respecto en el Pleno del Congreso.
El PP y UPyD, que en la oposición pactaron en julio de 2011 una resolución conjunta instando al entonces Gobierno socialista a extremar la vigilancia sobre Bildu sin descartar la ilegalización, se enfrentaron este miércoles en el Pleno del Congreso sobre la conveniencia o no de actuar contra esa coalición, que gobierna en Guipúzcoa y San Sebastián, y su posterior ampliación, Amaiur, que cuenta con diez escaños en las Cortes Generales.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, sostiene que el Gobierno del PP no está utilizando todos los instrumentos a su alcance «para combatir a los enemigos del Estado de Derecho» y «tiene la posibilidad, el deber y la obligación» de actuar contra Bildu y Amaiur.
Según ha explicado, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro que «hay ideas tan profundamente contrarias a la propia democracia que no son compatibles con el sistema democrático y que la democracia tiene la obligación de perseguirlas».
Para la formación magenta, «ETA ha combinado el crimen o la extorsión con la utilización de los instrumentos legales que le da el Estado de derecho para derrotar a la sociedad» y ahora lo sigue haciendo en Guipúzcoa, donde Bildu ha nombrado a personas de formaciones ilegalizadas como herederas de Batasuna y que por tanto, forman parte de ETA, o incluso en el Congreso, donde Amaiur «está haciendo el discurso de ETA», cuando «la no condena es vinculación y puede entenderse como colaboración».
«Todas estas maniobras constituyen un fraude de ley. Una vez que han llegado a las instituciones, han tirado de ETA, tratando de destruir las instituciones democráticas desde dentro», ha remarcado, instando al Gobierno a abrir un proceso de ilegalización.
«PRUDENCIA E INTELIGENCIA», RECOMIENDA EL MINISTRO
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha contestado que el PP tiene claro lo que es ETA y lo que ha de hacerse para desaparezca pero pidió «prudencia» e «inteligencia» a UPyD: «No confundamos lo que nos pueda repugnar políticamente con lo que jurídicamente es posible», ha resumido.
Tras recordar que el Supremo se dividió en la ilegalización de Bildu y que el Tribunal Constitucional dejó pasar a la coalición, ha señalado que si se inicia un procedimiento de ilegalización sin elementos probatorios suficientes como para justificar un cambio en la doctrina del TC, el Estado podría encontrarse con una sentencia similar y, por ende, con una victoria de los que quiere combatir.
Aunque ha garantizado que la Policía y la Guardia Civil siguen operando contra ETA y recabando indicios para un posible proceso de ilegalización, ha aconsejado esperar a la inminente sentencia del TC sobre Sortu, la marca ‘blanca’ que la izquierda abertzale presentó con estatutos que renunciaban a la violencia y acataban la Ley de Partidos.
«¿No le parece inteligente y prudente esperar a ver qué dice el Constitucional? –preguntó el ministro a la líder de UPyD–. Por parte del Gobierno se está haciendo todo lo que operativamente procede, pero la prudencia y la eficacia exigen ver qué hace el TC sobre Sortu».
CON EL ABORTO NO ESPERARON AL TC
Sin embargo, Rosa Díez ha admitido su discrepancia con esa táctica alegando que al final todo es una decisión política. En ese sentido, ha recordado que el Gobierno ha anunciado la reforma de la Ley del aborto sin esperar a ver que dice el Tribunal Constitucional sobre la ley del PSOE. «Hay que arriesgarse a ganar –ha resaltado–. A lo que ustedes llaman prudencia, yo le llamo cobardía. Reflexione y actúe ¿A qué esperamos?».
Ese emplazamiento no gustó al ministro: «Me habla de cobardía y no esperaba que llegara a este punto. La prudencia es una virtud muy aconsejable, especialmente en la vida política –ha advertido– A lo mejor usted con funde el oportunismo con la salvaguarda del Estado de Derecho».
Para Fernández Díaz, tras el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista, ETA ya no es «fundamentalmente un problema policial», sino que tiene «una dimensión política» que no se puede obviar y que debe gestionarse de forma distinta.
LA DIMENSION POLITICA DEL PROBLEMA DE ETA
«Hay que conseguir que sea una victoria política de los demócratas», ha subrayado. «No se trata de ‘arriesgarse’, sino de ser inteligentes y ser eficaces –ha dicho–. «Si por arriesgarnos conseguimos lo contrario de lo que pretendíamos, sólo lograríamos darles alas».
La interpelación de este miércoles tendrá continuación la próxima semana cuando UPyD defienda en el Pleno del Congreso una moción en la que, previsiblemente, pedirá al Gobierno el inicio de un procedimiento de ilegalización contra Bildu y Amaiur. Se votará el día 21 y ahí podrán ‘retratarse’ todos los grupos políticos, incluyendo tanto al PP como los propios diputados de Amaiur.
