El grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderá este martes en la Comisión de Justicia del Congreso una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que los licenciados en Derecho puedan colegiarse «libremente» para poder ejercer como abogados y procuradores sin necesidad de superar un periodo de prácticas y un examen final.
En la iniciativa, firmada por los diputados Caridad García y José Luis Centella, la coalición de izquierdas insta al Ejecutivo a excluir a todos los alumnos que se matricularon en la Licenciatura de Derecho de la aplicación de la Ley 34/2006 de Acceso a las profesiones de abogado y procurador.
IU-ICV-CHA destaca que esta ley ha supuesto la inclusión de los Títulos de Capacitación profesional, una institución de «arraigada tradición» en el Derecho comparado Europeo pero «absolutamente novedosa» para el ordenamiento jurídico español.
Para los parlamentarios, la falta de antecedentes normativos y la complejidad técnica de la materia ha llevado a «profusas discusiones» en los ámbitos profesionales y académicos sobre el contenido sustantivo de la norma, lo cual «resulta contrario al principio de la seguridad jurídica».
El grupo subraya que los «Títulos de Capacitación» deben poseer un carácter «eminentemente práctico» y advierte de que, a día de hoy, los convenios de cooperación entre las Universidades y los Colegios Profesionales para ofertar los posgrados –que la ley impone a los graduados– no han sido aún establecidos.
ESTUDIANTES CON UNA SOLIDA FORMACION
Con todo, recuerda que la Licenciatura cuenta con una «sólida formación» equiparable al que confiere la suma del grado y el posgrado y añade que «la tradición jurídica» de España ha considerado este título «suficiente» para el ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador.
«La multiplicidad de las situaciones del alumnado y las Facultades de Derecho, y muy especialmente, el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuyas singulares características deben ser especialmente tenidas en cuenta por el legislador, obligan a que la Ley establezca un criterio objetivo e intemporal claro como es el de la condición de Licenciado en Derecho», remarca la iniciativa.
A su entender, razones históricas, técnicas y de seguridad jurídica obligan a que se excluya a los licenciado en Derecho del ámbito de aplicación de esta ley.
