Tras la bulliciosa jornada del jueves, el viernes 6 de julio de 2012 arranca con calma en el hotel rural de Navacerrada donde se desarrolla el Campus FAES. No es de extrañar, tras la presencia el día anterior de la vicepresidenta del Gobierno y dos ministros, la siguiente mañana tiene un peso mucho más académico, a cargo del catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González-Trevijano. Posiblemente los jardines y la sala de prensa se llenen mucho más por la tarde, cuando el ponente sea Alberto Ruiz-Gallardón.
Y en esa jornada tranquila, aunque para ser justos hay que destacar que la carpa en la que se desarrollan las ponencias estaba bastante llena, Tomás Ramón Fernández ofreció a los asistentes una conferencia muy crítica con el sistema autonómico, en el que reclamó valor para hacer frente a profundas reformas. Fue una intervención más amena de lo que se suele esperar de un jurista, llena de ideas claras y críticas contundentes.
Se ha mostrado muy crítico en cómo se gestó el sistema autonómico, del que ha recordado que no surge de la voluntad de los constituyentes sino de los intereses políticos de cada momento. Ha explicado que «el título octavo [de la Constitución] renunció, como es notorio, a establecer un modelo territorial». En cuanto se empiezan a establecer las comunidades autónomas «muy pronto se hizo evidente que todos querían todo y que nadie quería renunciar a nada». En definitiva:
«El estado de las autonomías que hoy tenemos se construyó a empellones, al margen de cualquier reflexión»
Recuerda que «las competencias se transmitieron a borbotones, sin pensar en las consecuencias». Para el catedrático:
«En rigor más que un Estado propiamente dicho, lo que hoy tenemos es 17 estaditos yuxtapuestos (…) que reproducen la organización tradicional del Estado».
Tomás Ramón Fernández ha llegado al territorio de la gran fundación del partido en el Gobierno a reclamar una profunda reforma del modelo territorial, sin duda mayor de la que la mayor parte de los Gobiernos autonómicos, aunque no lo ha dicho, estarían dispuestos a aceptar. Y esos ejecutivos regionales están en su inmensa mayoría precisamente en manos del Partido Popular. El jurista ha advertido:
«El Estado de las autonomías se nos ha ido de las manos. Y con él, el crédito internacional que se obtuvo en la Transición»
No propone acabar con el estado autonómico, pero si reformarlo a fondo. Para empezar, sostiene la necesidad de reducir el número de comunidades autónomas, considera que no tiene sentido que haya algunas con poblaciones menores que las de varias ciudades españolas. Ha defendido que el reparto de competencias se haga desde la propia Constitución, no desde los estatutos de autonomía. Ha criticado las atribuciones que se han otorgado algunas comunidades, no sólo Cataluña sino también otras como Valencia, Gobernada por el PP.
En sus conversaciones con algunos de los concejales que han pasado como alumnos en los sucesivos cursos del Campus FAES, Periodista Digital pudo escuchar como muchos de ellos se oponían a la reducción del número de municipios en España. Algunos lo consideraban una medida inútil y otros la definían como populista. Muchos de ellos ya no están en Navacerrada. De ser así, tal vez hubieran brincado en su silla cuando el ponente ha propuesto «sentar las bases de un nuevo régimen local» con menos niveles de administración y en el que no tiene sentido «mantener en pie 8.000 municipios de los cuales sólo 1.000 son viables».
Para Fernández, además, «la reforma constitucional debe sentar las bases de la hacienda estatal y la hacienda autonómica» y si un gobierno autonómico quiere gastar más debe subir los impuestos en su territorio y no pedir dinero al Estado:
«El Estado se ha quedado con lo más ingrato: las fuerzas de seguridad y los impuestos, lo que quita. Y las comunidades autónomas se han quedado con lo más grato, con lo que da».
Más espeso que el catedrático de Derecho Administrativo ha sido González-Trevijano, presentado por Francisco Marhuenda. La suya ha sido una ponencia con un lenguaje mucho más jurídico. Su arranque parecía crítico, en la línea de su predecesor o incluso más. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos dijo que:
«Hemos vivido los últimos años, con carácter general, tanto a nivel estatal como autonómico y local, la peor expresión de esto que se llama la partitocracia (…) En el contexto español la partitocracia ha ido más allá de lo que son las funciones de los partidos políticos, que muchas veces asaltan las instituciones repartiéndoselas por cuotas».
Dicha crítica, por cierto, no es la primera vez que la ha oído Periodista Digital en Navacerrada a lo largo de la última semana. Aunque siempre antes la había escuchado en algún corrillo o conversación cerrada, no expresada de forma abierta por un ponente.
Pero, sorpresa, tras denunciar la partitocracia y que los partidos se repartan las instituciones, González-Trevijano pasa a defender el actual modelo de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, muy politizado. Sostiene que es la forma más democrática.
Se muestra crítico, eso sí, con el funcionamiento de las Cortes Generales. Dice que se trata de un «es un parlamento burocratizado, los verdaderos actores de la vida política son los grupos parlamentarios», en el que «el papel de los diputados y de los senadores está extraordinariamente limitado» y «es un papel en la mayoría de los casos muy accesorio». Añade además que «es un parlamento hiperdisciplinado, donde resulta prácticamente imposible encontrar alguna actitud independiente» por parte de un diputado y un senador.
Entre sus críticas al funcionamiento del poder legislativo incluye otra importante: «tenemos un parlamento en el que la sensación de la ciudadanía es que es un parlamento alejado de lo que le preocupa a los ciudadanos». No siempre trata lo que le importa a los ciudadanos en cada momento «y no es el mejor ejemplo a seguir».
Sin embargo, una vez más, la crítica se desinfla. En el funcionamiento del Parlamento es clave la conformación de las candidaturas, y González-Trevijano ha defendido con firmeza las listas electorales cerradas y ha criticado a quienes se oponen a ellas. Ha lanzado, eso sí, una propuesta en la que después no ha caído en contradicción consigo mismo: reducir el número de diputados a 300 y rebajar la cifra de senadores a 80 o 100 desde los 250 actuales. Sin embargo, los miembros del Senado, en su opinión no deben ser elegidos por los ciudadanos sino por «los órganos de Gobierno de las comunidades autónomas».
Fuera de la carpa de las conferencias, en el descanso entre las dos de la mañana, en algún corrillo se comentaba con sorpresa y disgusto la entrada del ex presidente del PP catalán Daniel Sirera en el tristemente célebre CAC. «¿Pero no era un órgano que había eliminar? ¿Y ahora pasa a formar parte de él?», comentaba alguien con tristeza.
