La Ley de Transparencia, aprobada este 27 de julio de 2012, viene a «cambiar la cultura en la Administración pública», según aseguró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
En los últimos años, las cuentas falseadas, el conflicto de intereses y la mala gestión tanto en ministerios como en comunidades autónomas han formado parte del ‘menú del día’ de la política española, escandalizando a los ciudadanos.
A partir de ahora, y por ley:
«Los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado y el resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal».
«Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general».
Entre la población, los políticos no son personajes relacionados con el prestigio social y la excelencia; más bien, al contrario: dos de cada tres españoles piensan que las instituciones funcionan mal, según una encuesta de Metroscopia.
La falta de fondos en las comunidades autónomas y en las arcas del Estado suponen la otra cara del espejo que refleja escenarios de obras públicas opulentas y servicios a la última que ahora se exhiben sin fin alguno, más que el de recordar a los ciudadanos el paradero de unos presupuestos gestionados no en nombre del interés general.
Penas de cárcel e inhabilitación
El nuevo texto legal aprobado se dispone a dar respuesta al malestar ciudadano, penando con años de cárcel a altos cargos y gestores que hayan falseado cuentas u ocultado datos en perjuicio de las Administraciones, e inhabilitando a los que hayan hecho abuso de su posición y tambaleado los presupuestos gastando por encima del crédito -en consonancia con la Ley de Estabilidad Presupuestaria-.
Con esta ley aprobada, los políticos-gestores tendrán que poner un especial interés en las cuentas que hacen sus departamentos para no terminar entre rejas.
Muchos de ellos incumplieron los preceptos que ahora serán especialmente vigilados. La lista es largúisima y de todos los colores, pero les citamos un caso, a modo de ejemplo:
-José Blanco
Como ministro de Fomento, Blanco firmó algunas actuaciones que hoy serían penadas por la Ley de Transparencia.
- Por ejemplo, la compra de cuatro trenes, cuyo montante se eleva a 18,5 millones de euros, y que no pueden circular por nuestra red ferroviaria. La ilegalidad de esta adquisición ha sido puesta en relieve por la Abogacía del Estado.
- El encargo de José Blanco de un retrato del exministro Francisco Álvarez Cascos al reconocido pintor Antonio López, por el que el Estado ha tenido que desembolsar 190.000 euros, también reñiría con los principios de «eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general» dispuestos en la Ley de Transparencia para los altos cargos.
