Las organizaciones Fundación Ciudadana Civio y Access Info Europe han puesto en marcha, a través de su proyecto on line conjunto Tu derecho a saber.es una petición para que el Gobierno incluya en el Proyecto de Ley de Transparencia a los partidos políticos. La reclamación ha cobrado especial actualidad tras destaparse los últimos escándalos políticos, como el protagonizado por Bárcenas o el que implica al ex director de la Fundación Ideas y su mujer, Irene Zoe Alameda.
Periodista Digital ha entrevistado sobre la Ley de Transparencia a la coordinadora de campañas de Access Info Europe, Victoria Anderica, y al director de la Fundación Ciudadana Civio, David Cabo.
Para:
Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno
Estimada Vicepresidenta,
Tras el último Congreso de Ministros, y preguntada por las noticias que acusan al Partido Popular de haber distribuido entre miembros de su equipo directivo sobres de dinero negro procedentes de comisiones de contratos irregulares, used afirmó el pasado 18 de Enero que son los políticos honestos como ella «los primeros interesados en aclarar la situación». No lo ponemos en duda. También afirmó que la Ley de Transparencia es un importante mecanismo de regeneración democrática que ayudará a combatir la corrupción. Estamos convencidos de ello. Lo que usted no dijo es que los partidos políticos no están incluidos en el Proyecto de Ley que presentó su gobierno y que se discute ahora en el Congreso, a pesar de las constantes peticiones desde la sociedad civil.
Los partidos políticos se financian en su mayor parte con fondos públicos y por lo tanto deberían responder a las mismas exigencias de transparencia que cualquier otro organismo público. El actual sistema de rendición de cuentas de los partidos no es operativo: en estos momentos el Tribunal de Cuentas está revisando los datos de 2008; los posible delitos en los que puedan haber incurrido los partidos políticos en ese año ya están prescritos.
Como hemos repetido en nuestras reuniones con el Secretario de Estado José Luis Ayllón, posteriormente durante la fase de consulta pública, y finalmente durante las reuniones de la comisión de expertos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Ley de Transparencia propuesta por el Gobierno no cumple los estándares internacionales, no dispone de mecanismos de revisión adecuados, no reconoce el derecho fundamental al acceso a la información, excluye gran cantidad de información fundamental para la toma de decisiones (informes, notas…) y no será aplicable a instituciones como la Corona, los poderes legislativo y judicial, los sindicatos y los partidos políticos.
Ante su renovado interés por demostrar que no ha existido financiación irregular del Partido Popular, confiamos en que escuchará nuestra petición de incluir a los partidos políticos, a sus fundaciones y a los sindicatos entre los organismos afectados por la Ley de Transparencia.
Quedamos a espera de su respuesta.
Reciba un cordial saludo.