Desde que en el Debate sobre el Estado de la Nación Mariano Rajoy contemplara la posibilidad de una reforma de la Constitución y los portavoces de otros grupos parlamentarios se pronunciaran al respecto, la eventualidad de la Reforma Constitucional se ha convertido en el asunto más importante de la actualidad política nacional.
Porque el tema surgió en el Congreso de los Diputados y hubo ocasión para ello, a los pocos minutos de terminar el Debate y en boca de la Vicepresidenta del Gobierno, pudimos conocer cómo el Ejecutivo y el partido que lo sustenta se disponían a encarar el asunto.
Las respuestas de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría a nuestras preguntas revelaban hasta qué punto el asunto había sido considerado antes de ponerlo ante todos: El Gobierno entiende que son necesarias las reformas y una importante reorganización del Estado, pero con cuidado para no poner en peligro lo que existe, porque, según sus palabras,
O, lo que es lo mismo, el gobierno, como anunció su presidente, está convencido de la necesidad de reformar y mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado, pero no parece decidido, de momento, a abrir el melón de la reforma constitucional sin antes examinar las consecuencias y extremar las cautelas, como anunciaba la vicepresidenta utilizando el símil de las aguas y las alcantarillas.
El mismo día y sobre este mismo asunto, las declaraciones de Pérez Rubalcaba también ponían de manifiesto que el asunto, ya anunciado hacía unos meses por Ramón Jáuregui, era algo más que una simple cuestión de opinión en la órbita del primer partido de la Oposición.
Para el PSOE, el Estado autonómico debe evolucionar hacia un modelo de Estado federal, con el que propiciar las aspiraciones de autodeterminación catalanas. Consecuentemente, en relación con la actual constitución, y son palabras textuales.
– «Ha llegado el momento de reformarla»
Esbozadas las posturas de los dos Partidos políticos mayoritarios, conocidas las opiniones de otros grupos parlamentarios y tenida en cuenta las normas que obligan a un consenso de los dos tercios de los parlamentarios nacionales para conseguir una posible Reforma Constitucional, es el momento de conocer, en un sentido lo más amplio posible, las posiciones anunciadas apenas hace una semana por el PP y el PSOE.
Una ocasión para hacerlo se presentó en la mañana del 25 de febrero de 2013, en que se había anunciado una jornada en el Congreso de los Diputados para considerar «Los valores de la Transición en tiempos de crisis», con dos sesiones (Los valores de la Transición: pasado, presente y futuro; y Democracia y Crisis de Confianza) y algunos oradores que, por su valor histórico (Martín Villa, Miguel Roca, Zayas, Buil, etc.) o por los puestos que ocupan en el PP y en el PSOE (Alfonso Guerra, Ramón Jáuregui, Soledad Becerril, Arturo García Tizón) deberían contribuir a «aclarar» el panorama.
Todos ellos estuvieron de acuerdo en algunas premisas básicas: es necesario buscar la armonía, restaurar un clima de confianza entre los adversarios políticos y buscar el consenso entre todos.
Pero también aparecieron algunas afirmaciones rotundas que revelan hasta qué punto las «ideas propias y personales» de algunos han de armonizarse y ahormarse con las de los compañeros, y oponentes, antes de emprender una Reforma Constitucional que no tiene otra forma «constitucional de hacerse» que la impulsada por el afán común de todos.
A título de ejemplo, y desechada, por absurda y por Miguel Roca, la propuesta de Zayas de un «gobierno de salvación nacional con un proceso constituyente en el que participarían los ex diputados y ex senadores», pueden citarse las siguientes:
– Es un error grave que los partidos políticos se personen en los procesos judiciales (Alfonso Guerra).
– No entro en la reforma constitucional, pero sí en reformas parciales de la Administración de Justicia, del Funcionamiento de los partidos políticos, de la Organización Local del Estado (Soledad Becerril)
– El PSOE pretende convertir al Senado en una Cámara de representación territorial, parecida a la Cámara Alta alemana (Bundesrat) en la que tengan representación los estados federados. (Ramón Jáuregui)
– Hay que saber qué se quiere cambiar, a dónde se quiere ir y cuáles son las líneas. Cambiar por cambiar, no. Los que han propuesto la reforma constitucional no quieren un diseño único porque, en algunos casos, posiblemente aspiren a recuperar el Estado Centralista, en otros la disolución del Estado español y, en otros, buscar una fórmula que les resuelva sus propios problemas internos. (Arturo García-Tizón).
Después de la jornada y conocido el anuncio de la posible reforma constitucional, las posturas de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, pueden concretarse en el convencimiento común de buscar la concordia entre ellos y la procedencia de una reconsideración del articulado de la norma suprema, si bien, queda por decidir cómo hacerla, en qué momento, con qué fines y hasta dónde modificar los preceptos.
Pero, aunque no lo parezca, la situación no es nueva, porque el Anuncio de reforma constitucional y la Reforma importante de la constitución vigente ya pasó en sus orígenes por unos momentos similares que fueron superados.
Se trataba entonces de optar entre: Un rechazo a lo establecido por la Ley Orgánica del Estado 1/1967, que asentó el régimen franquista y que se había sido aprobada en referéndum (opción rupturista). Mantener lo instituido por aquella ley (opción continuista). O una tercera opción, que consistía en reformar lo existente para acceder a una democracia real (opción reformista).
En aquella ocasión se optó por la opción reformista, que para algún constitucionalista importante fue una verdadera y muy consistente «reforma constitucional», ya que reformaba la Ley Orgánica y las Leyes Fundamentales para dar paso a la democracia.
En el presente, la posible reforma no ha de enfrentarse a radicalidades tan consistentes como las del pasado, ya que lo único que cabe es definir qué normas son susceptibles de ser modificadas para mejor atender las necesidades de la sociedad moderna.
Hecho el anuncio y esbozadas las posturas, quedan por conocer los modos que se van a emplear para determinar las reformas, los métodos que se van a usar para conseguir los pactos y el consenso y las personas que habrán de encargarse del asunto.
A día de hoy y por lo que se conoce, no parece que los métodos que se están usando sean los más adecuados, que los modos sean tan transparentes y nítidos como los que la sociedad apetece, o que las personas encargadas de diseñar el proceso reformista sean las mejor preparadas, las más ecuánimes y las más capacitadas.
Pero esas, que son unas cuestiones importantes, parece oportuno advertirlas, de momento, para ocuparse de ellas en algún instante posterior a este anuncio de la Reforma de la Constitución.
José Luis Heras Celemín es corresponsal de PD en el Congreso de Diputados.