«A que jode… este es el principio de vuestro fin» es uno de los mensajes que han podido leerse en Twitter bajo la etiqueta #CorruPPlandia
El 20 de octubre de 2011, al filo de las cuatro de la madrugada, la Guardia Civil interceptaba a las puertas del domicilio de Esperanza Aguirre a dos jóvenes que se habían colado tras romper la cerradura del portal de una patada.
El intento de asalto arrojaba a la luz pública la pesadilla del acoso que sufren muchos políticos incluso en su ámbito privado, una forma de asedio que se viene cebando últimamente en los representantes del PP y que se ha agravado al ritmo de los recortes y del descontento social, espoleada además por un contexto de impunidad casi absoluta.
La casa de Aguirre volvió a ser objeto de un segundo ataque cuatro meses y medio después.
A finales de febrero, se registraban sendos robos con fuerza en los hogares del presidente de Extremadura, José Antonio Monago y el presidente provincial del PP, José Antonio Fragoso, a la vez que saqueaban tres oficinas en Mérida que habían sido utilizadas por el partido.
Este miércoles 20 de marzo de 2013, los blancos fueron las respectivas viviendas familiares del ministro Alberto Ruíz Gallardón en Madrid, -frente a la que se montó una concentración-, y de los parlamentarios Belén Juste y Esteban González Pons en Valencia.
Su puerta, ha dicho el diputado, fue «aporreada con insultos» cuando dentro sólo había niños. Ayer presentó la correspondiente denuncia.
Como explica ‘ABC’, los autores de esas protestas eran miembros de la plataforma de afectados por las hipotecas y la acción que realizaron responde a un concepto, «escrache», acuñado en Argentina para nombrar las prácticas, no siempre pacíficas, de los activistas que acechan las residencias o centros de trabajo de personas conocidas para intentar amplificar con ello sus demandas.
Activistas al acecho
Escenario principal de gritos, sentadas y cánticos se ha convertido la sede del PP en la madrileña calle Génova, -también en otros puntos de España como Zaragoza o Barcelona-, donde políticos y empleados han denunciado haber recibido a voces incluso amenazas de muerte.
«A que jode… este es el principio de vuestro fin» es uno de los mensajes que han podido leerse en Twitter bajo la etiqueta #CorruPPlandia.
En Valencia llovieron huevos sobre la fachada del cuartel popular coincidiendo con el estallido del «caso Bárcenas», que marcó el punto álgido de estas manifestaciones ilegales convocadas por las redes sociales.
Pero la Policía -frecuente objeto de escarnio cuando protege los edificios rodeados- tiene de sobra identificado que el acecho arrancó con los indignados y el 15-M. Y el precedente remoto fue la guerra de Irak.
Con todo, la modalidad más temeraria es la emboscada individual, cuando el político atosigado es más vulnerable.
La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, pudo comprobarlo el pasado febrero durante el rato en que fue abucheada con gran crispación mientras paseaba con una amiga por el centro de Madrid.
No es la única, su consejero de Educación, Marcial Marín, fue rodeado e increpado mientras tomaba un café en la estación de tren de Atocha.
Coches arañados, ruedas pinchadas, pintadas o escritos anónimos, entre otros vandalismos variados que ya están en los juzgados, es lo que padecieron en verano, y ahora de nuevo, una veintena de cargos electos y de confianza del Gobierno municipal de Alcorcón (Madrid), con su alcalde a la cabeza, David Pérez.
De un tiro en la cabeza
De esta violencia, verbal o no, tampoco se escapan los niveles más básicos del partido: en el ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), la concejal de Personal, Aurora Camacho, que estaba embarazada, fue víctima de un intento de agresión el pasado enero por parte de una «trabajadora municipal».
Las redes sociales han terminado por allanar el camino para otra modalidad delictiva, las amenazas, contra las que ha presentado denuncia la portavoz popular en el ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla), que también fue gravemente intimidada por teléfono.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, anunció también medidas legales cuando un mensaje le advirtió de que le iban a pegar un tiro en la cabeza que, según confesó, le «heló la sangre».
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