Tradicionalmente los partidos han guardado durante toda la etapa democrática española como oro en paño la identidad de sus afiliados para preservar su privacidad
Fuentes del Partido Popular no dan crédito. Los nombres, documentos de identidad y aportaciones anuales de sus cientos de miles de militantes han quedado en manos de El País por acción u omisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el de Pablo Ruz.
El propio diario se jacta de ello en la información que publica este jueves 18 de julio de 2013 acerca de la afiliación al PP del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, entre los años 2008 y 2011.
Subrayan A.M. Beaumont y A.I. Martín en ‘ESD‘, que lo hace al explicar que ha sacado su nombre de:
«Un documento que forma parte del sumario del caso Bárcenas, y en el mismo se señala tanto el nombre de la persona que contribuyó a la financiación del partido como el número de su Documento Nacional de Identidad y la cantidad aportada».
Tradicionalmente los partidos han guardado durante toda la etapa democrática española como oro en paño la identidad de sus afiliados para preservar su privacidad.
En el caso del PP, la friolera de los más de 862.000 que, según datos la formación, tienen actualmente.
Y no sólo por deferencia hacia quienes ayudan a sostener económicamente la formación, sino también por obligación, por preservar derechos recogidos en la propia Constitución de los que deben gozar todos los españoles.
En su artículo 16.2 ésta señala: «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».
Y en el 18.1 se garantiza «el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».
A mayores, el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal desarrolla lo anterior de la siguiente forma:
«Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias».
La filtración al diario nacional de mayor tirada es más grave teniendo en cuenta que procede del ámbito judicial, que está para guardar y hacer guardar las leyes.
No es demasiado complicado pensar que, como en casos anteriores (las declaraciones de Luis Bárcenas y de los testigos que han ido desfilando ante Ruz, por ejemplo), el origen está en las partes personadas, en alguno de los abogados de las acusaciones.
No obstante ello no exime de responsabilidad al juez Ruz por no custodiar adecuadamente y entregar a las partes un documento que nada tiene que ver con la causa.
El hecho es de tal magnitud y sienta un precedente tan peligroso que debería hacer intervenir de oficio a la Fiscalía General del Estado de Eduardo Torres Dulce.
O, cuanto menos, a la Agencia Española de Protección de Datos que dirige José Luis Rodríguez Álvarez. El primero de ellos, por cierto, bajo dependencia directa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
