Otros dos 'conseguidores' eran el ex alcalde de Cartagena en la década de los noventa, el socialista José Antonio Alonso Conesa y el empresario David Marjaliza
El principal detenido en la ‘operación Púnica’, Francisco Granados, hacía las labores de conseguidor de la trama desarticulada por la Guardia Civil.
El que ex número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid empleaba su influencia en los despachos de alcaldes municipales para lograr las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, incluso estando ya fuera de la primera línea política, según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.
Fuentes de la investigación aseguran que Granados era la persona que conectaba a las instituciones públicas con los empresarios implicados en la trama, que solo en los dos últimos años esta red defraudó 250 millones de euros.
Hoy se ha conocido que el que fuera número dos de Esperanza Aguirre tenía dos cuentas bancarias en Suiza. Una una de ellas, donde guardaba las supuestas ganancias derivadas de su actividad como bróker, se destapó en febrero de este año y fue la que provocó su marcha de la política y que llegó a albergar 1,5 millones de euros.
La novedad radica en la existencia de una segunda cuenta, de acuerdo con la información que hoy publica el diario El Mundo, a la que trasvasaría sus ingresos procedentes de las operaciones fraudulentas.
Precisamente es esta última, siempre según el rotativo de Unidad Editorial, la que puso en marcha a finales del pasado año la investigación policial conocida como ‘Operación Púnica’ que ayer se saldaba con la detención de 51 personas.
Esta cuenta la compartía con el empresario y amigo de infancia David Marjaliza y la utilizaban para guardar el dinero que obtenían de las comisiones.
El eje central
La empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez en Madrid, era la compañía sobre la que «pivotaba gran parte de la trama».
Entre los detenidos figuran cuatro altos cargos de esta firma, entre ellos su director general, de nacionalidad francesa.
En la sede madrileña de Cofely trabaja desde abril de 2013 Miguel Ángel Villanueva, que fuera vicealcalde de Madrid hasta su dimisión tras la tragedia del Madrid Arena, aunque él no se encuentra entre los cuatro detenidos por la Guardia Civil este lunes, según las citadas fuentes.
La Guardia Civil ha detenido, además, a otras dos personas que trabajan en otra empresa con sede en Valencia y que también estaría implicada en ‘operación Púnica’.
Cofely aparece, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, como la empresa central en la trama, ya que fue la que benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única.
Su sede en Madrid también fue registrada ayer durante horas por los efectivos de Guardia Civil y hoy en su web ha sido eliminada la información relacionada con los ayuntamientos implicados y cuyos alcaldes, como en el caso del de Parla, han sido detenidos.
Contrato de 54 millones con Parla
Cofely presta servicios de eficiencia energética y en su propia página web anuncia que en 2013 resultó «adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla».
El contrato tenía una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros.
Según indica, a cambio «tiene previsto conseguir unos ahorros energéticos cercanos al 40% en el alumbrado público y de más del 6% en el consumo eléctrico de los edificios, lo que supone la disminución de casi 1.000 toneladas anuales de CO2».
En eso consiste básicamente el negocio de eficiencia energética. Precisamente el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, es otro de los arrestados este lunes, 27 de octubre de 2014.
La Fiscalía Anticorrupción emitió a primera hora de ayer un comunicado en el que daba cuenta de 51 detenidos, pero fuentes de la investigación confirmaron a Europa Press que en torno a las 18.00 horas eran 30 las personas arrestadas en Madrid, León, Murcia y Valencia.
Anticorrupción habla de «una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas».
Aunque Granados figura como el elemento principal de la trama hay otros detenidos a los que la Guardia Civil también otorga el papel de conseguidores. Es el caso del ex alcalde de Cartagena en la década de los noventa, el socialista José Antonio Alonso Conesa o el empresario David Marjaliza.
Mordidas del 2% y 3%
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el 2 y el 3% de cada contrato, según informaron fuentes jurídicas.
De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.
La conclusión de los investigadores, por tanto, es que la trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a diferentes partidos y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.
La Guardia Civil ha movilizado para esta operación a un total de 150 efectivos entre los agentes de la UCO y de Seguridad Ciudadana de las Unidades Territoriales que han prestado apoyo en todas las detenciones y registros. Ya por la tarde comenzaban a llegar la Audiencia Nacional las cajas con documentación incautadas en los numerosos registros.
Todos los detenidos van a ser trasladados a Madrid y serán distribuidos entre los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos o los del Cuartel de Las Rozas. Se trata de las dos instalaciones del Instituto Armado en la Comunidad de Madrid cuyos calabozos albergan una mayor capacidad. Tras presenciar toda la mañana los registros en su domicilio, Granados ha sido llevado a Las Rozas, donde permanecerá hasta pasar a disposición judicial.
