DEL DICHO AL HECHO

Los fiscales dejan al descubierto el doble juego del PSOE sobre Mas

Mientras los de Pedro Sánchez intentan que el "president" se vaya de rositas por el 9-N, sus más próximos en la Fiscalía tienen otra cosa que decir. ¿Doble juego o deserción en masa?

Los fiscales dejan al descubierto el doble juego del PSOE sobre Mas
Pedro Sánchez. PS

El PSOE va camino de quedarse sólo en su extraño empeño de que no actúe la Justicia contra Artur Mas. La decisión casi unánime de los fiscales de sala ha puesto de relieve que el empeño socialista de no querer nisiquiera interponer una querella contra aquel que supuestamente se ha saltado la Ley es algo fuera de toda lógica.

De los 25 fiscales que apoyaron la decisón del actual Fiscal General del Estado, 21 fueron nombrados por el anterior Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, bajo el Gobierno de Rodriguez Zapatero.

Entre ellos, el ex- ministro socialista de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que ha apoyado sin fisuras los argumentos jurídicos de Eduardo Torres Dulce.

La decisión ha sido casi unánime y al PSOE se le cae otro de sus argumentos, el de que no hay base para interponer una querella. La mayoría de los fiscales de sala son de ideología progresista y no han tenido el menor reparo en apoyar las tesis que llevan concluir indiciariamente que el Presidente de la Generalitat ha cometido una «desobediencia» a sabiendas.

Cuando el secretario general del PSOE, Pedro Sanchez, insta al Gobierno a «dejarse de querellas y hacer política», algo que le repitió el líder socialista a Rajoy en la última sesión de control, en realidad casi está lanzando un mensaje en favor de la impunidad «sin distinguir el plano polítco del judical, algo esencial en democracia», recordaba un alto dirigente del Gobierno muy próximo a Rajoy.

En Moncloa no salen de su asombro. Sanchez ha pasado de apoyar al Gobierno ante el desafío soberanista catalan, a «colocarse la camiseta del PSC» y pedir que el Ejecutivo, la fiscalía y los jueces miren hacia otro lado. El PSOE está pidiendo que «no se castigue a quien incumpla la Ley», añaden desde Moncloa.

La cúpula fiscal del anterior gobierno socialista

Entre los presentes en la reunión, se encontraban los máximos representantes del ministerio público, alguno de los cuales eran de la máxima confianza del anterior Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, como el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas; el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; los respectivos máximos cargos del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Antidroga; los jefes de las fiscalías especializadas de Violencia sobre la Mujer, Medio Ambiente, Siniestralidad laboral, Seguridad Vial, Extranjería y Menores; así como varios fiscales del Supremo, entre ellos el exministro socialista de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

La consecuencia de este apoyo es que el Ministerio Fiscal emprenderá las acciones legales oportunas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión celebrada este miércoles: «Se han cumplido así las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ante la discrepancia planteada por el Fiscal Superior de Cataluña a cumplir con la orden formulada por el Fiscal General del Estado. Esta orden se reiterará siguiendo el criterio casi unánime expresado por la Junta», recoge la nota hecha pública por la Fiscalía.

En la reunión, ningún fiscal apoyó la tesis de sus compañeros catalanes. Ha habido únicamente dos votos discrepantes: el de Bartolomé Vargas y el de Pedro Crespo. El primero, fiscal jefe de Seguridad Vial, entendía que con las denuncias presentadas ya antes el TSJC por parte de particulares ya era suficiente, sin tener que presentar una querella propia.

Y Crespo, fiscal de lo Contencioso administrativo, expresaba sus dudas de la existencia de un delito de desobediencia por incumplir la suspensión del Tribunal Constitución, porque este tribunal no forma parte del Poder Judicial tal y como exige la jurisprudencia.

Pero la inmesa mayoría compartieron el principal argumento de Torres Dulce. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, tenía el «designio original» de celebrar el «referéndum» independentista del 9-N pese a la suspensión de ese acto decretada por el Tribunal Constitucional y la estrategia que siguió -impulsar la consulta sin decreto ni actos jurídicos formalizados- tenía «el único y exclusivo fin de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces había obstaculizado» la llamada a las urnas.

La decisón ha sido un resplado muy importante para el Fiscal General del Estado, y otorgado no precisamente por los fiscales conservadores, sino que en su mayoría eran y son más próximos a la ideología socialista.

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