El fundador de Podemos ha recibido pagos por importes de alrededor de 500.000 y 480.000 euros, que, sumados a los 425.150 que facturó su empresa, elevan la cifra a cerca de 1,5 millones
Ha huido como alma en pena ya tres veces. Literalmente. Dos en su domicilio particular y una en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, donde Juan Carlos Monedero figura como profesor titular y teóricamente da clases.
Y todo para evitar que la Agencia Tributaria le notifique formalmente que se le ha abierto un expediente por fraude fiscal, a pesar de que hace un par de días, rodeado de su ‘guardia de corps’ y ante sus acólitos proclamaba no tene miedo alguno al ministro Cristobal Montoro.
No se va a ir de rositas el compinche de Pablo Iglesias. Decía hace ya 250 años Benjamin Franklin y suele repetir Woody Allen en sus películas que no hay nada seguro «salvo la muerte y los impuestos» y a Monedero, por mucho que corra, le va a caer encima el inspector de Hacienda. El sistema es implacable.
Dada la seriedad y el monto del asunto al que se enfrenta el flamante secretario del Proceso Constituyente y de Programa de Podemos, la Agencia Tributaria se tomó la molestia de notificarle la apertura de expediente por doble vía ().
Por un lado, a través de Correos, que tiene la obligación de ir dos veces -en días y horas diferentes- al domicilio del penitente y que si no logra dar con él, deja una nota informando que se tiene que pasar por la oficina pertinente en los siguientes siete días laborales.
Si el inspeccionado no recoge la nota, ni abre la puerta y tampoco acude a Correos, como es el caso de Monedero, el tema se solventa subiendo a la web de la Agencia Tributaria un edicto.
Paralelamente, lo que parece reflejar que no se trata de una embrollo menor, se envio en persona a un agente tributario para que a notificase en mano a Monedero que debe rendir cuentas cuanto antes.
En tres ocasiones: una a la Universidad Complutense y dos a su residencia habitual, donde paradójicamente tiene su domicilio social de Caja de Resistencia Motiva 2, la empresa con la que el de Podemos cobró 425.000 euros por supuestas ‘asesorías‘ a Venezuela y otros países bolivarianos sobre la implantación de una moneda única.
Y da la casualidad, que ese domicilio está embargado. Se trata de un piso de cien metros cuadrados en el barrio madrileño de Argüelles.
De hecho, el inmueble es la vivienda del secretario del Proceso Constituyente y de Programa de Podemos y en él no se registra ninguna actividad económica.
La vivienda y sede de Caja de Resistencia Motiva 2 no está a nombre de Juan Carlos Monedero, sino al de su hermano Salvador.
Según consta en el Registro de la Propiedad de Madrid número cinco, el inmueble está embargado por el impago de una deuda de 4.050,58 euros con la empresa SW Communications S.A., dedicada a prestar servicios relacionados con la telefonía (La ‘casta’ alternativa: Pablo Iglesias, Tania Sánchez, Errejón, Monedero… y otros mangantes).
El piso fue embargado por orden del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid.
La anotación de embargo lleva fecha del 30 de septiembre de 1991 y se traduce en que el propietario del inmueble deja de tener libre disposición sobre el mismo.
Por ejemplo, si quisiera venderlo, antes tendría que liquidar la deuda y levantar esa carga en el Registro de la Propiedad. Cabría la posibilidad de haber saldado la deuda pero no haberlo acreditado ante el registron (Se pone chulo con Montoro: «¿Quieres asustarme? Tengo mis cuentas muy en regla» ).
El número tres de Podemos registró su empresa Caja de Resistencia Motiva 2 en esta dirección el 23 de octubre de 2013 (Era el piso de su hermano).
Entre esa fecha y el 31 de diciembre, la sociedad recibió pagos por un total 425.150 euros por, según manifestó Monedero, haber asesorado en años anteriores a Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua para la posible creación de una moneda única latinoamericanan (Las ‘perlas’ más chavistas le ponen mirando a Caracas).
APERTURA DE EXPEDIENTE DE OFICIO
La Agencia Tributaria ha abierto la inspección fiscal de oficio porque Monedero debió tributar esos ingresos como persona física, vía IRPF, en lugar de a través de una sociedad, con lo que dejó de pagar 68.000 euros a Hacienda (Manos Limpias no traga con la triquiñuela de Carrillo y reclama a la Complutense la «suspensión cautelar» de Monedero).
Sobre el origen del dinero y la veracidad de la versión que ha dado Podemos, hay muchas dudas (Escamoteó a Hacienda 68.000 euros en impuestos).
Cuesta creer que por un trabajo como el que supuestamente se atribuye, los chavistas o quien sea puedan pagar una cantidad tan enorme, cuando personajes como Bill Clinton, el ex presidente de EEUU, cobra por una conferencia 130.000 euros y un economista como Paul Krugman cobraba 20.000 euros antes de ser Premio Nobel de Economía y ahora no factura nunca más de 80.000 (Vulneró el Reglamento universitario… ¡sin trabajar!).
Huele todo a lavado de dinero y a maletines procedentes de Caracas y destinados a financiar el lanzamiento de Podemos en España (¿Y si los 425.000 euros de Monedero fueran la punta del iceberg de la financiación de Podemos por parte de Venezuela?).
OTRAS GRANDES MANGANCIAS
No son solamente esos 425.000 euros por supuestas ‘asesorías‘ lo que se ha embolsado ‘irregularmente‘ Juan Carlos Monedero.
El socio de Pablo Iglesias facturó también dinero de gobiernos latinoamericanos a través de una fundación española.
En concreto, recibió dos transferencias, con origen en Venezuela, por un importe cercano al millón de euros a través de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales.
La sociedad intermediaria tiene sede en Valencia y está conducida, entre otros, por el catedrático de Derecho Constitucional Roberto Viciano, consultor y asesor de países como Venezuela, Bolivia y Ecuador.
El fundador de Podemos ha recibido pagos por importes de alrededor de 500.000 y 480.000 euros, que, sumados a los 425.150 que facturó su empresa, elevan la cifra a cerca de 1,5 millones.
UNA EMPRESA ILEGAL
En cualquier caso y eso traerá cola, Monedero cobró, además del doble de lo que permite la ley, a través de una sociedad ilegal.
Ésta es la conclusión que se desprende de la aplicación de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en contra de lo que ha venido defendiendo el partido de Pablo Iglesias escudándose en el artículo 19.f de dicha normativa.
En él se exceptúa como posible incompatibilidad «la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas», pero la letra pequeña desmonta la teoría de Podemos.
Las publicaciones que ampara ese artículo son colaboraciones en prensa, libros, artículos científicos…, además de otras remuneraciones de menor cuantía, como premios y conferencias.
Sin embargo, un informe de asesoría encargado por una entidad pública o privada externa a la universidad -como el que Juan Carlos Monedero realizó para los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia- nunca podría acogerse a este apartado
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