Imaginen que un vecino de su comunidad propone hacer una gran reforma en su edificio que lleva años sin obras. Nadie se opone frontalmente aunque a la mayoría ni le va ni le viene.
El vecino en cuestión se encuentra además con un problema. Unos quieren dar prioridad a instalar nuevos ascensores; otros prefieren modernizar el portal y hay quién aboga por renovar las instalaciones de fontanería y electricidad.
Incluso un grupo de propietarios cree que lo más conveniente es dejarlo para más adelante. Y para colmo, el promotor de la idea, que tampoco acaba de concretar una propuesta, tiene en contra a su mujer y a su cuñado que vive dos pisos más arriba.
Eso es lo que le ocurre a Pedro Sánchez con su pretendida reforma de la Constitución. Lo ha dejado caer como una supuesta magnífica y necesaria iniciativa para España, pero no es capaz de explicar con claridad qué propone y, sobre todo, no logra un mínimo consenso.
Casi todos los partidos se muestran abiertos a renovar la Carta Magna pero con intenciones y objetivos muy distintos. Los nacionalistas lo ven como una oportunidad de sacar tajada; otros abogan por lo contrario, por recentralizar el Estado, es decir retornar competencias al Gobierno central. Algunos proponen suprimir el Senado y hay quien quiere darle nuevas atribuciones. Unos aprovecharían para proponer la República o el derecho a decidir y otros, simplemente, abogan por hacer tabla rasa, derruir el edificio constitucional y levantar uno nuevo partiendo de cero.
Así, desde luego, es muy difícil sentarse a negociar algo, entre otras cosas porque no hay por dónde empezar. Aquello sería como Babel, todos empeñados en construir una torre pero hablando idiomas distintos.
Pero es que además, el PSOE, promotor de la idea, se encuentra con el mismo problema añadido que el vecino del ejemplo. Tiene a parte importante de su familia en contra de la propuesta. La propia Susana Díaz ha tardado cero coma dos segundos en advertirle que no está dispuesta a tolerar una España de «dos velocidades», es decir un país con unos territorios privilegiados respecto a otros.
Pedro Sánchez lleva meses empeñado en hacer de la reforma constitucional una de sus propuestas estrella. Pero la estrategia es más que dudosa. Primero porque más allá de la evidente falta de consenso de los partidos sobre este asunto, los ciudadanos, los que votan, tampoco parecen muy interesados por el tema.
No es un tema del que se hable en las barras de los bares, o en las comidas familiares. No está entre las cuestiones que nos preocupan, ni siquiera entre las que nos ocupan. Por eso, abrir el melón constitucional, podría generar un problema y una preocupación donde realmente no la hay. Además, a pocos meses, cuatro o cinco, de las elecciones generales, parece cuestionable desde el punto de vista de la estrategia electoral, resucitar una cuestión que levanta ampollas incluso en el propio PSOE.
A ver si la propuesta estrella de Pedro Sánchez se convierte en su dolor de cabeza estrella. Y, por si fuera poco, la iniciativa del líder socialista ha pasado un tanto inadvertida o, al menos, no ha ocupado los grandes titulares que parece que algo así merecería.
Y esa indiferencia social ante la propuesta denota, a mi juicio, que muy pocos creen en que la reforma constitucional sea viable y que no muchos ven a Sánchez como el próximo presidente del Gobierno. Pero, ojo, puede serlo con ayuda precisamente de los que más que hacer una reforma del edificio pretenden tirarlo abajo para hacer uno nuevo a su medida.
