El ministro de Justicia, Rafael Catalá, rompía este jueves, 6 de agosto de 2015, el tabú que imperaba en el Ejecutivo sobre la posible reforma de la Constitución. Serían puntuales, pero afectarían a cuestiones esenciales como la Corona o la Organización territorial del Estado.
Con el PP a bordo, los cuatro principales partidos se suben al barco de la reforma constitucional, lo que hace vaticinar una legislatura que puede estar marcada por el debate en torno a esta cuestión.
Desde el Partido Popular defienden la posibilidad de introducir cambios en la Carta Magna, siempre que se haga de manera «responsable y consensuada», con «objetivos concretos» y con la meta de sumar a España. La primera premisa sería, a juicio del PP, saber qué se quiere cambiar. En este sentido, acusan al PSOE de proponer «una cosa y la contraria, el mismo día».
Niegan ser inmovilistas en este punto; el partido aceptaría cambios en la Constitución pero «no para modificar el modelo de Estado». El vicesecretario de Organización del PP, Martínez-Maíllo defendió ayer que en este asunto, el consenso que se alcanzó en 1978 para aprobar la Ley de leyes trajo «una época de progreso a España».
Como subrayan S. Medialdea, G. Sanz y V.R. Almirón en ‘ABC‘, frente a su iniciativa «con responsabilidad y consenso», oponen la de otras formaciones que «no se definen».
Por su parte, Pedro Sánchez ha encargado a un grupo de catedráticos que elaboren para el PSOE una propuesta de reforma constitucional basada en tres pilares: nuevos derechos y libertades; calidad democrática, blindaje del Estado de bienestar (Sanidad y Educación públicas) y modelo federal con un Senado convertido en verdadera Cámara territorial y con el sistema de financiación «constitucionalizado» como lo están ahora los conciertos de País Vasco y Navarra.
Los socialistas no se plantean eliminar estos privilegios forales y están dispuestos a abrir el debate del «pacto fiscal» con Cataluña, aunque hay división al respecto porque muchos territorios no aceptan otro territorio privilegiado más.
Este 6 de agosto de 2015, el secretario de Política federal, Antonio Pradas, señaló que ve «frívolo» que el Gobierno lance el pleno estío una reforma de «tan poco calado» de la Constitución y le instó a que lo ponga en marcha ya en las Cortes.
El pasado ocho de julio, en la presentación del grupo de expertos que van a redactar la reforma constitucional socialistas, Pedro Sánchez aseguró que «dar soluciones a nuestros problemas exige una profunda renovación de la vida pública y eso pasa ineludiblemente por reformar la Constitución de 1978».
Según el secretario general del PSOE, ese cambio 38 años después no es un fin en sí mismo sino «un cauce para recuperar los consensos rotos» en esta crisis: recuperar el Estado de Bienestar, muy deteriorado, y acabar con el conflicto territorial para ir a un Estado Federal, que no es lo que quieren ni los independentistas ni los «inmovilistas» del PP.
Las propuestas de los emergentes
Desde la formación de Pablo Iglesias insisten en que todavía no han planteado un documento por escrito con su propuesta de reforma. Sin embargo, si asumen que en la próxima legislatura tendrá que abordarse este debate. «Es cada vez más evidente que habrá que abrir la Constitución», plantean desde la formación.
A falta de esa propuesta concreta ponen también el foco en el ámbito territorial, ya que el caso de Cataluña y la pujanza de otros nacionalismos ponen de relieve «que algo no marcha bien».
Sin embargo, Podemos si ha planteado en varias ocasiones posiciones que requerirán de reforma constitucional, como las que afectan al Senado o a la idea de que unainiciativa legislativa popular con 500.000 firmas pudiera promover una reforma de la Constitución.
Por su parte, hace poco más de un mes Albert Rivera celebró con un grupo de expertos una reunión en Madrid para establecer las líneas maestras de su propuesta de reforma constitucional.
Como avanzó ABC, uno de los ejes principales de su propuesta versará sobre el Título VIII con un objetivo claro: cerrar el modelo autonómico y fijar en la Constitución un techo de competencias autonómicas, para evitar «tensiones perjudiciales para la vida del Estado».
Una propuesta muy similar a la que ahora plantea el Partido Popular.
El actual texto constitucional deja abiertas las competencias que pueden asumir las autonomías. Desde el partido quieren que quede ya fijado en el texto «para evitar extraños trasvases». Y que el reparto se haga por criterior de eficiencia.
Al contrario de lo que propone el PSOE, Ciudadanos no quiere «blindar» competencias para ninguna autonomía. No son partidarios de un modelo asimétrico. Incluso han llegado a plantear la conveniencia de eliminar los fueros de Navarra y el País Vasco.
El camino de la reforma de la Constitución
- Procedimiento agravado
Se aplica cuando se trata de una revisión total o cuando afecta al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección Primera, del Título I, o al Título II. Requiere referéndum. - Prodecimiento ordinario
En este caso la votación solo se produce si lo solicita la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (35 Diputados y 25 Senadores). - El Título VIII
Se refiere a la Organización territorial. Se realizaría por la vía ordinaria. Debe ser aprobado por tres quintos de las Cámaras. - El Título II
De la Corona. Para eliminar la primacia del hombre sobre la mujer se realizaría por el procedimiento agravado. Debe ser aprobado por dos tercios. Inmediatamente se disuelven las Cortes. Las nuevas Cámaras deben aprobarlo de nuevo por dos tercios y posteriormente ser ratificado en referéndum. - Iniciativa
En cualquiera de los casos, la iniciativa de reforma corresponde al Gobierno y a la Cámara, debiendo ir suscritas por dos grupos parlamentarios o por la quinta parte de los diputados (70).
