Le mete un tiro por la espalda a las subvenciones de las víctimas del terrorismo. Así es Manuela Carmena, la abuelita populista de Podemos, que vuelve a ejercer su despótico poder arremetiendo contra quienes han sufrido la lacra del terrorismo –La Asociación de Víctimas del Terrorismo: «La jueza Carmena siempre ha inclinado la balanza del lado terrorista»-.
De cara a 2016 las subvenciones nominativas que recibían las víctimas del terrorismo ha desaparecido de un plumazo.
El último ejercicio de Ana Botella como alcaldesa de Madrid, el dinero repartido entre las asociaciones de víctimas del terrorismo superó los 100.000 euros en 2015. Así las cosas, el colectivo de víctimas de terrorismo en el País Vasco (Covite) recibió 30.000 euros para la realización de un proyecto denominado ‘Mapa Víctimas Terrorismo Madrid’.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que preside Ángeles Pedraza, obtuvo 32.000 euros para los «gastos de proyectos constitutivos de su actividad específica». Otros 16.000 euros fueron a parar a la asociación 11-M Afectados del Terrorismo, presidida por Pilar Manjón. Y en cuarto lugar, la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), presidida por Mari Mar Blanco, hermana del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA en 1997, tuvo una partida de 24.000 euros.
En cambio, Carmena destina un millón de euros a la International Indian Film Academy (IIFA) para la organización de la ceremonia de entrega de los Oscar de Bollywood en Madrid o le suelta 900.000 euros que son otorgados al Ateneo de Madrid que últimamente acoge actos tan ‘culturales’ como el apoyo al ‘bukanero terrorista’ Alfonso Fernández Ortega, más conocido como Alfon, condenado por el Tribunal Supremo por tenencia de material explosivo mientras participaba en la huelga general del 14 de noviembre de 2012.
La alcaldesa sigue fiel a su línea de antaño, la de la equidistancia. Recuerden que en 2011 fue nombrada asesora del Gobierno vasco, entonces presidido por el socialista Patxi López, en materia de reconocimiento y atención a las víctimas de «abusos policiales». Participó en la redacción del decreto vasco de indemnizaciones a «víctimas de abusos o excesos policiales entre 1960 y 1978» donde se equiparaba a policías con los asesinos etarras.
