El portal digital OkDiario explica una de las últimas de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de índole económico y fiscal:
Carmena compró el 33% del chalé de Cristina Almeida mediante tres pagos (120.000 euros en metálico y otros 60.000 euros mediante una transferencia bancaria) entre julio de 2003 y el 13 de marzo de 2004 —Manuela Carmena rectifica a Okdiario de Eduardo Inda: no pagó 60.000 euros en billetes “sino 120.000″–.
Pero no declaró públicamente esta operación ante el Registro Oficial de la Propiedad hasta cinco años después, el 31 de marzo de 2009. En los cinco años transcurridos desde que se cerró la compra habría prescrito cualquier fraude fiscal que se hubiera podido cometer —¿Pagó Carmena con 60.000 euros en negro su chalé de lujo madrileño?–.
Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya abierto una diligencia, ninguna Administración puede reclamar el cobro de un impuesto que haya quedado impagado. En el caso de la compra de viviendas, este tipo de transacciones están gravadas con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. (La hucha de la abuelita Carmena: 430.000 € en acciones, 40.000 en el banco y dos casas).
Del mismo modo, en el hipotético caso de que los 120.000 euros pagados en metálico tuvieran una procedencia ilícita, es decir, si se tratara de dinero negro, tampoco Hacienda podría haber realizado ningún requerimiento a la titular una vez pasados cinco años.
LA OPERACIÓN HOY SERÍA LEGAL
De hecho, la operación realizada por Manuela Carmena hoy sería ilegal. El Gobierno de Rajoy prohibió en 2012 realizar pagos en metálico por importe de más de 2.500 euros, para combatir el fraude fiscal y el blanqueo.
En el momento en el que Carmena compró el 33% del chalé de Cristina Almeida, no existía este límite. Pero los notarios estaban obligados por Ley a informar a Hacienda de cualquier pago efectuado en metálico por un importe superior a los 85.000 euros.
De este modo, el notario que elevó a escritura pública la compra del chalé debería haber informado a la Agencia Tributaria del pago de 120.000 euros en efectivo. Pero la hoy alcaldesa de Madrid evitó esta situación al realizar el abono en dos plazos: pagó 60.000 euros en metálico a Cristina Almeida el 5 de noviembre de 2003 y el segundo 13 de marzo de 2004. Esta fórmula habría eludido la obligación de informar a Hacienda sobre una operación tan elevada en efectivo.
La compra se elevó a escritura pública ante notario el 2 de febrero de 2009. Y la transacción fue declarada oficialmente ante el Registro de la Propiedad el 31 de marzo de 2009. Es decir, más de cinco años después de cerrada la compra.
