Albert Rivera cesa al delegado de C's en Murcia por el escándalo de las facturas

Ciudadanos desvía las subvenciones de los ayuntamientos a cuentas que controla Villegas

Albert Rivera destituye al delegado territorial de Murcia por 'irregularidades' en la financiación de Ciudadanos

Ciudadanos desvía las subvenciones de los ayuntamientos a cuentas que controla Villegas
Albert Rivera y José Manuel Villegas (CIUDADANOS). CS

Pide a sus concejales que ingresen el dinero que se da para los gastos del grupo municipal en una oficina del Banco Popular en Madrid asignada al «dos» de Rivera y al tesorero

Momento delicado para Albert Rivera. Que si los paraísos fiscales de su hombre en La Rioja, que si un segundo «ciudadano» salpicado por los Papeles de Panamá en Aragón… y ahora un feo asunto de facturas públicas en Murcia que no ayuda mucho a mejorar la imagen de Ciudadanos en una fase política tan delicada y sobre todo, en vísperas de elecciones.

El diario ‘La Razón’ revela este 23 de abril de 2016 la existencia de una cuenta bancaria a nombre de Ciudadanos en la que los concejales de la formación naranja en los distintos ayuntamientos de España están obligados a ingresar el dinero público que reciben de cada Consistorio para sus gastos de funcionamiento.

Desde esa cuenta se redistribuye una parte de los fondos a los grupos municipales y, según todos los indicios, el resto queda a disposición del partido que preside Albert Rivera para sus gastos de campaña.

Se trata, cuando menos, de una práctica dudosa en la financiación de Ciudadanos que la Fiscalía debería investigar cuanto antes por si nos hallamos ante un delito de financiación ilegal de partidos, tipificado en el Código Penal, y que es muy similar a la que han denunciado Onda Cero y Antena 3 que Ciudadanos lleva a cabo en Murcia, con la asignación del parlamento autónomo.

El dinero que dedican los presupuestos para que los distintos grupos hagan frente a sus gastos operativos, sueldos aparte, debe dedicarse a la finalidad para la que fueron consignados, que no es, desde luego, la de pagar campañas electorales.

La dirección de Ciudadanos está obligada a poner fin a una práctica que se asimila a la desviación de fondos públicos, con independencia de lo que decida la Justicia.

CORTE DE CABEZAS RAPIDO

Ciudadanos ha acordado este viernes 22 de abril de 2016 destituir a su delegado en Murcia, Mario Gómez Figal, por el cargo de unos 18.000 euros en facturas de gastos electorales al grupo parlamentario regional en mayo de 2015, cuando aún no estaba constituido.

En un escueto comunicado de seis líneas, el partido informa de que le ha sido abierto también expediente disciplinario, al igual que al diputado autonómico de la formación naranja en la Asamblea Regional de Murcia Luis Francisco Fernández, secretario primero de la Mesa de la Cámara.

«A pesar de tratarse de un error administrativo ya subsanado, se han dado instrucciones al grupo parlamentario de Murcia para que sea absolutamente riguroso en la gestión de la contabilidad, como siempre se ha indicado desde la Secretaría de Finanzas», concluye la nota.

Fuentes del partido han precisado a la agencia Efe que Gómez sigue siendo militante del partido y concejal y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Murcia, por lo que de momento mantiene sus cargos políticos, como Fernández, a expensas de cómo concluya el expediente disciplinario.

LAS PRUEBAS

Se ha distribuido a algunos medios de comunicación una captura de pantalla de WhatsApp con su nombre encabezando un teléfono móvil en el que se lee cómo le transmiten el siguiente mensaje el 5 de octubre de 2015: «Hola. Me han dicho desde Finanzas_Cs que el Grupo Parlamentario no puede pagar facturas con fecha anterior al 18 de junio de 2015 (fecha de su formación)», a lo que él responde minutos después: «Pues que las anulen y las vuelvan a emitir».

Son facturas de proveedores de la campaña de las elecciones autonómicas y locales, de las que también se han publicado copias y que habrían sido emitidas de nuevo y cargadas, en lugar de a la cuenta del partido, a la del grupo parlamentario regional, lo que contraviene la normativa de las subvenciones de la Asamblea a los grupos, solo para sufragar los gastos corrientes de funcionamiento.

La Secretaría de Finanzas regional del partido ha iniciado una investigación en torno a esta irregularidad contable, que asciende a unos 18.000 euros, informan las mismas fuentes.

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