No se descarta conseguir algún tipo de acuerdo con el PSOE, a pesar de que el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, siga en 'no'
Mariano Rajoy está decidido a reforzar aún más en esta legislatura su papel de máximo responsable de la política económica y como primer paso asumirá el control y la supervisión en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y marcará también las pautas en la búsqueda de los apoyos necesarios en el Parlamento.
Revela José María Triper en ‘El Economista‘ este 12 de noviembre de 2016 que responsables de Moncloa confirmaban este viernes que el presidente ha encargado a su número dos en el Gabinete, Soraya Sáenz de Santamaría, que pilote, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las negociaciones con los grupos parlamentarios para conseguir los acuerdos que permiten su aprobación por las Cámaras Legislativas.
En esta misma línea se enmarca también la designación de Alberto Nadal como secretario de Estado de Presupuestos en el Ministerio de Hacienda.
El hermano del ministro de Energía y exsecretario de Estado en este Departamento, es una persona de confianza de Rajoy, con el que «tiene hilo directo» y en círculos próximos al presidente se insinúa que ha sido éste quien sugirió a Montoro el nombramiento.
Tanto Sáenz de Santamaría como Nadal son personas de probado carácter dialogante y eficacia en la gestión, que son las características que Rajoy ha buscado para su Gobierno, en una legislatura en la que, como recordaba el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, «los teléfonos van a sonar mucho» porque «habrá que pactar mucho».
Dando por supuesto que se repetirán los acuerdos con Ciudadanos y con Coalición Canaria, que hicieron posible la investidura, el foco de las negociaciones se centra ahora en el PNV, bien para que voten a favor o, si no fuera posible, que no voten en contra ni presenten enmienda de totalidad. De hecho, y como adelantó elEconomista, a nivel de Grupo Parlamentario ya se han mantenido conversaciones.
No se descarta conseguir algún tipo de acuerdo con el PSOE, a pesar de que el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, avanzaba el pasado martes que no apoyarán los Presupuestos «ni al principio ni al final», a pesar de no conocer aún su contenido. Por este motivo Méndez de Vigo no descartaba, tras la reunión del Gabinete, que la aprobación del techo de gasto pudiera aplazarse al Consejo de Ministros del viernes 25, en lugar del 18, porque «se necesita tiempo».
Dialogante, político y con experiencia en la gestión es también el perfil que el presidente ha pedido a sus ministros para nombrar a los segundos niveles de los Ministerios.
Y a estas características responden los secretarios de Estado nombrados por el Consejo de Ministros en el área económica. Así y junto a Alberto Nadal, Montoro ha nombrado secretario de Estado de Hacienda al diputado del PP y exalcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya.
Les acompañará Elena Collado como secretaria de Estado de la Función Pública. Collado fue ya directora general de la Función Pública en 2014 y directora general de Presupuestos en la Comunidad de Madrid.
El fiscal general
En el Ministerio de Economía se confirmaron las designaciones de Irene Garrido como nueva secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de Emma Navarro como secretaria general del Tesoro. Garrido es la portavoz del PP en la Comisión de Economía del Congreso y Emma Navarro era la actual presidenta del ICO, cargo en el que sustituyó a Irene Garrido.
A ellas se añaden también los nombramientos de Alfredo González-Panizo como subsecretario del Ministerio, Begoña Cristeto como secretaria general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Destacados son también los nombramiento de la diputada popular por Las Palmas, Matilde Asian, como secretaria de Estado de Turismo para sustituir a Isabel Borrego, y el del subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales que asume José María Jover Gómez-Ferrer.
La principal sorpresa se produjo, sin embargo, en el área de la Justicia donde Rafael Catalá ha propuesto a José Manuel Maza Martín como nuevo fiscal general del Estado, a pesar de que se había pronunciado a favor de la continuidad en el cargo de Consuelo Madrigal. Maza es magistrado del Tribunal Supremo, fue portavoz de la Unión Judicial Independiente, en su día se opuso a la denominada «doctrina Botín» y propuso el archivo de la querella contra Pablo Iglesias por presunta financiación de Venezuela e Irak. Méndez de Vigo justificó el nombramiento porque «el ministro de Justicia ha estimado que es el más idóneo para el cargo».
El nombramientoprecisa ahora de un informe de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la comparecencia del candidato ante la Comisión de Justicia del Congreso.
