El abogado penalista José Mariano Benítez de Lugo, que está siendo el encargado de interrogar a Mariano Rajoy este 26 de julio de 2017, es padre de un candidato de Podemos al Senado por Ciudad Real, tal y como informa OKDiario.
Benítez de Lugo acude a la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares en calidad de representante de la acusación particular denominada ADADE (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), liderada por Javier Ledesma y el propio Benítez de Lugo, ambos vinculados al PSOE–El tremebundo palo que le mete Rajoy al abogado Benítez de Lugo en el circo de su comparecencia –.
Mariano Rajoy VS José Mariano Benítez de Lugo, en la Audiencia
Según recoge Europa Press, Luis Benítez de Lugo, hijo de José Mariano Benítez de Lugo, fue imputado en diciembre de 2015 por un presunto delito contra patrimonio, causa que fue sobreseída un mes más tarde.
Los hechos fueron los siguientes: en aquel entonces, el Ayuntamiento de Valdepeñas envió un comunicado a través del cual se daba a conocer que el candidato al Senado de Podemos por la provincia de Ciudad Real, Luis Benítez de Lugo, se hallaba «imputado por el juzgado de Instrucción número 2 de Valdepeñas a instancia de la Fiscalía Provincial, por un presunto delito de daños contra el patrimonio histórico».
Desde el Ayuntamiento, se detallaba como antecedentes que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes dio permiso en noviembre de 2013 a Luis Benítez de Lugo, arqueólogo de profesión, para realizar una prospección en el ámbito de protección del Cerro de las Cabezas.
Es decir, se le autorizaba estrictamente a ejecutar la prospección sin sondeos, empleando el georadar y el detector de metales, nunca la remoción del terreno, ni la realización de ningún tipo de oquedad
Sin embargo, «las cámaras de seguridad instaladas en el conjunto arqueológico Cerro de las Cabezas grabaron, durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, a Luis Benítez de Lugo y a un grupo de personas con detectores realizando sondeos y remociones del terreno, extrayendo abundante material arqueológico sin ningún control científico ni la autorización administrativa preceptiva, incumpliendo aparentemente la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha», agregaba ese comunicado.
