Los socialistas defienden que las webs oficiales se ofrezcan en todas las lenguas cooficiales
Las lenguas en la España Autonómica se han convertido en manos de los nacionalistas en una herramienta étnica de exclusión y de construcción nacional. Pasadas las primeras campañas de recuperación y normalización en la década de los ochenta, han acelerado sus objetivos supremacistas en los últimos tiempos con dos cruzadas aparentemente excluyentes, pero con idénticos intereses ideológicos nacionalistas. Las dos han estado lideradas desde Cataluña. Como siempre.
Una se inició en 2013 desde el Senado que acabó concretándose en el manifiesto de una ley de lenguas, cuyo objetivo era otorgar a todas las lenguas regionales el rango de oficiales en todo el territorio nacional en igualdad de condiciones a la lengua común. Y otra, este mismo año 2016, con otro manifiesto que pedía la oficialidad única del Catalán en Cataluña.
«ESPAÑA PLURILINGÜISTA»
La propuesta de una ley de lenguas, se inició mediáticamente en 2014 en las páginas de El País, a través del artículo Blindar la convivencia, no las lenguas, del diplomático madrileño Juan Claudio de Ramón y la profesora catalana, Merçé Vilarrubias. Aparentemente, los dos firmantes lo hacían a título personal sin más interés que la convivencia a través del respeto al plurilingüismo.
Pero la apuesta no logró eco alguno. Insistieron en 3 artículos más, uno en el mismo medio el 1 de diciembre, Todas las lenguas de España y dos en el diario digital de Cataluña, Crónica Global, esta vez con la firma en solitario de Mercè Vilarrubias, El Estado frente al conflicto lingüístico (I) y (II), el 22 de enero y 8 de febrero de 2015.
La insistencia en hacer responsable del malestar lingüístico al Estado, relegando a un segundo plano la sangrante exclusión de los derechos castellanohablantes en Cataluña, provocó la contestación de la ex presidenta de la Asociación por la Tolerancia, Marita Rodríguez, a través del artículo: ¿Hace falta oficializar las lenguas regionales? Corría el 19 de marzo de 2015. Apoyando esta tesis, yo mismo me sumé al debate con tres artículos más, los dos primeros bajo el título común de Contra el laberinto de la ley de lenguas (I) y (II), también en Crónica Global.
A ellos siguieron otros de Santiago Trancón, Miriam Tey, Carmen Leal, Miguel Escudero, Francisco Olla, Eduardo Goligorsky, Arcadi Espada, Joaquin Coll, vicepresidente de SCC, Eduardo López-Dóriga, presidente de Tolerancia, o Rafael Arenas, presidente de SCC, La polémica estaba servida. Más de treinta artículos siguieron a estos iniciales, ninguno con paternidad política. O eso era lo que parecía.
¿Simple debate intelectual, científico y desinteresado? Pronto sabríamos que no. Detrás, como siempre, movían los hilos los intereses étnicos-lingüísticos nacionalistas. Y como siempre, con la colaboración del PSC a través, en esta ocasión, de su responsable de cultura en el Senado, Carlos Martí, el muñidor de la propuesta. Pero no adelantemos acontecimientos, dejemos que el curso del debate nos desvele la impostura.
Desinhibición del Estado y abuso nacionalista
El diagnóstico sobre el malestar lingüístico y cómo solucionarlo por parte de De Ramón, y Vilarrubias, al que se le sumaría posteriormente Ángel Puertas y el actual presidente de SCC, Rafael Arenas se puede reducir a dos premisas: los nacionalistas se han adueñado de la gestión de las lenguas regionales en exclusividad y, como consecuencia, han abusado de su monopolio; el Estado se ha inhibido ante el abuso.
El diagnóstico es básicamente correcto. Sobre todo en el caso catalán. No así la receta para resolver el problema.
No recurren a aplicar la Constitución como solución, ni a defender el derecho que tiene todo ciudadano español a utilizar y estudiar en su lengua habitual, ni siquiera a exigir el cumplimiento de las sentencias judiciales que reiteradamente dan la razón a los padres que prefieren una educación en español o bilingüe para sus hijos, por ejemplo, en Cataluña.
Muy al contrario, se someten a la capacidad de intimidación de los nacionalistas, y con ánimo de neutralizarles, les brindan una Ley de Lenguas que conviertan al catalán, al vasco, y al gallego en lenguas oficiales junto al español en las principales instituciones del Estado. O sea, truecan el bilingüismo territorializado actual en plurilingüismo generalizado. Con esa medida táctica, pretenden dejar sin argumentos morales al nacionalismo, e implicaría -aseguran- arrebatarles la representación, defensa y gestión en exclusividad del catalán.
¿Ingenuidad o error? Las dos cosas. [En el manifiesto añaden varias lenguas más, además del castellano, català/valencià, galego y euskara/vascuence: aragonés, aranés (lengua occitana), valencià, asturianu/lleonés, portugués, árabe y tamazight (lengua bereber)].
De salida, parten de un error de apreciación. Localizan el problema en el descontento de los nacionalistas, y busca cómo complacerlos, cuando en realidad el problema está en la merma de derechos lingüísticos que sufren millones de ciudadanos, y no en buscar cómo reducir la ira de los nacionalistas. Porque de esto se trata, de eliminar el abuso y restituir los derechos mermados de los ciudadanos excluidos, no de contentar a los que los excluyen.
De ahí su grave error, confunden la defensa de los derechos ciudadanos con el enfado coyuntural de los nacionalistas, que interiorizan como problema, y como consecuencia recurren a paños calientes para contentar a quiénes no quieren ser contentados. El fin parece instrumental, atraer hacia posiciones bilingüistas a muchos catalanistas que siguen atrapados en el discurso victimista del nacionalismo.
Yerran incluso en el diagnóstico de la solución: hace ya muchos años que fracasaron las medidas de contención del nacionalismo. Produce ternura creer que tienen la piedra roseta para desactivar al nacionalismo. Antes, muchos otros, han caído, hemos caído en ese error.
Al nacionalismo no se le embrida. Por una razón elemental, porque sus objetivos no son convivir en igualdad de derechos lingüísticos con los castellanohablantes sino imponer su lengua como tótem de la identidad sobre la que poder construir una nación. A falta de razones, imponen identidad lingüística. Un instrumento pasajero a la espera de lograr el objetivo. Otros pueblos han recurrido a la religión, los más a delirios románticos, incluso algunos se han considerado el pueblo elegido de Dios. ¡Hay gente pa to!
CUANDO UNO NO VIVE COMO PIENSA, ACABA PENSANDO COMO VIVE
Si reparamos, el diagnóstico del problema está distorsionado por la atmósfera asfixiante del nacionalismo y su hegemonía moral, social y política. Quién más, quién menos, estamos atrapados en esa telaraña y acabamos forzados a pensar como vivimos, en lugar de vivir como pensamos. Se necesita una revolución mental para salir de ese laberinto empedrado de chantajes emocionales.
Es curioso que, por contentar a un sector monolingüista de la periferia, cargue al resto de españoles con la obligación de dedicar ¾ partes de su educación general, al aprendizaje de lenguas regionales. Y multipliquen por mil los conflictos lingüísticos entre partidarios del antojo nacionalista. No me quiero imaginar la de recursos judiciales que surgirían en las distintas instituciones a causa de no ofrecer en cada caso disponibilidad lingüística por las cosas más nimias.
Porque el derecho no se limitaría a que en el Congreso de Diputados hubiera la posibilidad de hablar en todas las lenguas regionales distintas de la lengua común de todos los españoles, sino su disponibilidad en el ayuntamiento más pequeño, la institución más insignificante, o la escuela más remota de toda España. Así que en Cataluña, tendríamos el problema actual, más el que surgiría de la exigencia de disponibilidad del gallego, vasco, y en su caso de todas las demás lenguas que se considerasen con el mismo estatus. Ese problema en Olot, se replicaría en Santiago de Compostela con el catalán o el vasco o en Sevilla con el vasco, el catalán y el gallego. ¿Se resolverían así los problemas lingüísticos en España, o se multiplicarían?
LAS LENGUAS COMO CABALLO DE TROYA
La discusión se enconó con cada nueva aportación al debate. Sin darse cuenta o despreciando sus efectos colaterales, Mercé Villarrubias, Juan Claudio de Ramón, Ángel Puertas, y Rafael Arenas, todos invitados a colaborar con el PSC en tal ley de lenguas por el senador socialista, Carlos Martí, estaban ejerciendo de zapadores mediáticos involuntarios de un manifiesto nacionalista disparatado y cuyas consecuencias políticas despejaban el camino a una organización territorial confederada auspiciada por el multilingüismo y a la disolución de la lengua española como lengua común. Su aportación, además, volvía a dar aire al victimismo lingüístico de los nacionalistas cuando varias sentencias judiciales a favor de los derechos lingüísticos excluidos por el nacionalismo en Cataluña, dejaban al descubierto su mala fe.
Tuvimos que esperar a la publicación del Manifiesto: «España plurilingüe, manifiesto por el reconocimiento y el desarrollo de la pluralidad lingüística de España» (25/2/2016) para que los persistentes divulgadores del multilingüismo en España se dieran cuenta a qué y a quienes habían servido. Pues efectivamente, ni de Ramón, ni Vilarrubias ni Puertas, ni Arenas lo firmaron. Sí lo hicieron Joaquím Coll, Vicepresidente de SCC y miembro del PSC, o Carles Martí Jufresa, organizador de los simposios junto a Fernando Rodríguez Lafuente en el que fraguaron el manifiesto los nacionalistas etnolingüístas de toda España. Carlos Martí había aprovechado mediáticamente a de Ramón, Vilarrubias y Puertas, aprovechando la cercanía de estos al entorno del PSC, en los simposios que dieron lugar al manifiesto.
El manifiesto nacionalista por una España Plurilingüe es una forma sutil de imponer un modelo multilingüe en España donde el objetivo final es territorializar las lenguas, es decir, convertir a las lenguas regionales en únicas lenguas comunes en cada uno de sus territorios y, paradójicamente, acabar con el estatus de lengua común de la única lengua de verdad que es común a todos los españoles, la lengua de Cervantes. Tal desvarío iría parejo a un modelo territorial de federalismo asimétrico, (en la práctica, un modelo confederal) donde pudieran blindar el modelo educativo, nacionalizar los Tribunales de Justicia y disponer de Hacienda propia. Es decir, sacralizar a los territorios frente a los derechos de los ciudadanos, un contrasentido con la igualdad. Nunca la izquierda se había negado a sí misma con tanta ceguera y desvergüenza.
El intento en 2011 de convertir al Senado en cámara territorial y bilingüe obedecía a ese fin: Diluir la función comunicativa de la lengua española en el pinganillo de las lenguas regionales. Aquella intención nos desveló uno de los males que nos aquejan como nación: el trueque de la política como instrumento de racionalización de recursos y necesidades por la dramatización de emociones con fines identitarios.
Sólo a una mente ajena a esta superstición identitaria le puede pasar desapercibida la sutil diferencia entre lo que es un legítimo derecho a utilizar las lenguas regionales en el Senado y su función comunicativa.
No parece lógico que teniendo una lengua común dominada por todos, se simule no conocer y se asuma la molesta traducción simultánea y su coste. Es evidente que no es la función comunicativa la que justifica tanta incomodidad, sino su función simbólica. La lengua para los nacionalistas no es un instrumento de comunicación sino de identidad. Con su utilización en el Senado no se gana en entendimiento, se marca territorio. Lo que el sistema constitucional no permite, o sea, convertir el Estado autonómico en Estado plurinacional, lo consigue de facto la traducción simultánea.
La publicación del Manifiesto abrió los ojos a Juan Claudio de Ramón, Mercè Vilarrubias y Ángel Puertas. Y no lo firmaron. Lo contrario de Joaquin Coll, actual vicepresidente de SCC y enlace del PSC con ellos.
La verdadera historia había empezado tres años antes con la presentación en el Senado de la Proposición de la Ley Orgánica de Reconocimiento y Amparo de la Pluralidad Lingüística de España, y no admitida a trámite por la Mesa del Senado (31/1/2013). El grupo parlamentario que había detrás era Entesa pel Progrés de Catalunya, formado por PSC-PSOE, ICV, EUiA e IU.
Su portavoz era el ex presidente de la Generalidad José Montilla. La relación entre esta propuesta de ley, la organización posterior de tres simposios (En Madrid, Barcelona y Valencia) con el mismo nombre, y el manifiesto de la ley de lenguas que saldría en 2016, es total. Los grupos políticos, por aquel entonces, eran los mismos que en Cataluña han promovido en el pasado y apoyan en el presente el monolingüismo del catalán en las instituciones, ayuntamientos, y excluyen el español como lengua docente en la escuela a través de la inmersión lingüística. Los mismos que pusieron en marcha las multas lingüísticas por rotular en español desde el Tripartito, y los mismos que consienten que los independentistas en el gobierno no cumplan con las sentencias judiciales que condenan la inmersión.
La materia prima de los tres simposios posteriores (Madrid, Barcelona y Valencia) fue la misma que la proposición de Ley Orgánica de Reconocimiento y Amparo de la Pluralidad Lingüística de España, rechazada por la mesa del Senado tres años antes. Y sus organizadores, Carles Martí, senador del PSC, el mismo que impulsó la proposición de ley, junto a Fernando Rodríguez, que ayudó a organizarlos desde la Fundación Ortega y Gasset.
Aparentemente, este manifiesto por una España Plurilingüe (en realidad ya lo es y así es reconocido por nuestra Constitución), aparenta tolerancia y respeto por las lenguas, pero es pura apariencia. Quieren eliminar la oficialidad de la lengua común a través de la eliminación de las leyes orgánicas del Estado que la garantizan (incluso eliminar su oficialidad, tal como propuso Caamaño, ex ministro gallego del PSOE en el 2º simposio de Barcelona), pero sin tocar los Estatutos y leyes autonómicas que garantizan privilegios excluyentes a sus lenguas respectivas: «Una única ley transversal, de carácter orgánico por modificar leyes orgánicas, que afecte fundamentalmente a la Administración General del Estado, a la Justicia y a las Altas Instituciones, con mención expresa del papel de las CCAA, pero sin entrar en colisión con las disposiciones y competencias que puedan fijar los respectivos Estatutos de Autonomía». La clásica ley del embudo.
Es sintomático que toda su preocupación por convertir a España en una Torre de Babel le impida indignarse por los atropellos y exclusiones reales que hoy padecen millones de niños en las comunidades bilingües y las lenguas regionales se hayan convertido en fronteras invisibles para miles de españoles convertidos en discapacitados laborales después de convertirlos en discapacitados lingüísticos.
MANIFIESTO KOINÉ
Como siempre ha pasado en Cataluña, una reivindicación mayor, tapa o justifica una menor. Cuando no hacía unas semanas que había salido el manifiesto por una España Plurilingüe, un insoportable tufo a racismo cultural inundó el Paraninfo de la Universidad de Barcelona con la publicación del Manifiesto Koiné. En él se denuncia al bilingüismo como instrumento del Estado para eliminar al catalán, y en consecuencia, se exige abiertamente que el catalán sea declarado como única lengua oficial de Cataluña. Entre los firmantes están piezas claves del proceso de normalización del catalán desde el primer gobierno de Pujol, de la inmersión lingüística y de la exclusión de la lengua española de las instituciones políticas y medios públicos.
El padre de la inmersión con Pujol durante 23 años, Joaquin Arenas, Carme Laura Gil i Miró, directora general de Bachillerato de la Generalidad de 1980 a 1996, la Consejera de Educación de Artur Mas, Irene Rigau, o dirigentes de Òmnium Cultural y prohombres de la normalización lingüística. Un verdadero paseo desde el racismo cultural encubierto en los años ochenta y noventa al fascismo manifiesto de este manifiesto koiné.
Su publicación provocó una ola de indignación, incluso entre los «de la seva». ¡Pero ojo!, no por pedir abiertamente la exclusión de la lengua española y convertir al catalán en el único idioma oficial de una hipotética República catalana, sino por poner en peligro los planes supremacistas del nacionalismo lingüístico llevados con sigilo desde la transición.
Era de esperar. En realidad, el Manifiesto Koiné es la historia de la normalización lingüística del pujolismo a bocajarro, sin encubrimientos. Desde el primer gobierno de Pujol en 1980, la idea de convertir al catalán en la única lengua institucional fue el objetivo de la normalización lingüística. A la vuelta de los años, esa evidencia es incontestable. Hoy la lengua catalana es la única lengua oficial de facto en todas las instituciones y medios de comunicación públicos de la Generalidad.
Incluyendo la escuela, donde la inmersión sólo en catalán ha convertido a la lengua española en extranjera. ¿Qué diferencia hay entre lo que pide el manifiesto koiné hoy y la política lingüística desplegada por la Generalidad desde 1980? Solo el exabrupto.
Francesc Moreno describía con exactitud el alcance perverso de este reparto de roles en «Koiné, Poli malo», donde el manifiesto exagera la nota y provoca por defecto que las exclusiones lingüísticas de cada día impuestas por Juntas pels Sí (CiU/ERC) y las CUP aparezcan como moderadas (Poli bueno). Mientras tanto, los gestores del negocio nacional seguirán gozando en exclusiva «del monopolio de las subvenciones públicas y blindan(do) sus puestos de trabajo en la escuela, en la cultura y en general en toda la administración pública o concertada dependiente de la administración autonómica y local».
Lo tremendo de este manifiesto, lo más lamentable por irreversible es el relato histórico que impone para justificar su miserable supremacismo. Tal relato, adobado a lo largo de décadas de adoctrinamiento escolar y mediático actúa como una losa de mentiras y emociones bajo la cual es imposible respirar, pensar, o disentir. El conocimiento ya no es una búsqueda, sino una fe, una manera de sentir y justificar a los míos por el mero hecho de serlo. Llegados a este punto, la reflexión se hace imposible, y la política se reduce a inquisidores y herejes. O estás conmigo o contra mí. Hay algo muy malsano en este manifiesto, no sólo por el hedor que repele, sino por la luz que atrapa a cuantos confunden Cataluña con sus tesis, a la lengua con su historia y a la historia con el delirio que describe.
Esta ceguera generalizada es lo que lleva a Gregorio Morán a preguntarse: «¡Que gentes, presuntamente de izquierdas, lleguen a sostener que en este país flagelado por el paro, los desahucios, los recortes, las estafas, «quizá el principal problema sea la cuestión lingüística», es que se nos han roto todos los cristales y de pura vergüenza no nos atrevemos a mirarnos a ningún espejo que nos retrate de cuerpo entero! Son ustedes, señores firmantes, unos neofascistas sin conciencia de serlo» (El Neofascismo lingüístico. 9/4/2016. La Vanguardia)
Neofascistas sin conciencia de serlo, he ahí el drama, incapaces de cuestionarse nada porque el delirio es la atmósfera donde viven y las mentiras de sus políticos, docentes, periodistas e intelectuales, el aire que necesitan para seguir respirando.
No hay párrafo en el manifiesto koiné que no esté inspirado en mentiras románticas, pasadas de padres a hijos.
Este artículo es una adaptación del que fuera originariamente publicado en la Revista CLAVES de la Razón Práctica, Número 249 -Noviembre/Diciembre 2016.
