Su aprobación definitiva llegará en la próxima ejecutiva del partido
El Partido Popular ha acelerado la creación de una oficina para acabar con la corrupción interna.
Según publica este 1 de mayo de 2017 El País, será aprobada definitivamente en el próximo comité ejecutivo nacional.
La decisión ha sido tomada después de los fallos que se cometieron tras las denuncias contra Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid que actualmente está en prisión.
Según el mismo diario, esta oficina anticorrupción tendrá poder para abrir una investigación interna, incluso de oficio, para evitar lo errores cometidos en el caso de González.
El PP recibió distintas denuncias en las que se alertaba de la cuenta del político en Suiza y del enriquecimiento propio. Lo único que hizo el partido entonces fue apartarle de la candidatura de la Comunidad.
El PP celebró entre el 10 y 12 de febrero en Madrid su 17º congreso nacional. Una de las iniciativas puestas sobre la mesa consistió en proponer la creación:
«en el seno del comité nacional de derechos y garantías de una subcomisión que, con carácter permanente, velará de manera especial por el cumplimiento de las normas y compromisos a que han de ajustar sus comportamientos los cargos públicos del partido».
En un primer momento, se habló de que esta nueva oficina estuviese compuesta por dos o tres vocales del comité ejecutivo nacional del PP, bajo la presidencia del ya existente comité de derechos y garantías -es decir, muy cercana a Rajoy-.
Pero tras el escándalo de González se ha perfilado aún mejor el funcionamiento. Ahora se piensa en un grupo formado entre dos y cinco militantes independientes, que sean abogados o vinculados al mundo del derecho y que puedan actuar sobre cualquier ámbito.
Las competencias de esa nueva oficina incluyen: garantizar el cumplimiento de la normativa sobre declaraciones de bienes y actividades que han de prestar los cargos públicos del partido, redactar el proyecto de declaración de bienes y actividades de los cargos del partido, velar por el cumplimiento de los compromisos que asuman voluntariamente los candidatos y cargos y custodiar las declaraciones y documentos citados.
La dirección del PP se ha basado para confeccionar esta oficina en la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, aprobada en la primavera de 2015, que se integró en el denominado Plan de Regeneración Democrática del Gobierno de Rajoy.
