La acusada no conoce los hechos por los que se le acusa y el expediente lo han tramitado los denunciantes
Un proceso en el que el acusado no conoce los hechos concretos de los que se le acusa y que han tramitado los denunciantes.
Así es el procedimiento disciplinario que se sigue contra la presidenta de la comisión de garantías de Podemos, Olga Jiménez, después de que esta promoviera un dictamen que tumbó parte de los estatutos del partido que la ejecutiva de la formación de Pablo Iglesias aprobó sin votación de las bases. La expedientada, dice su entorno, es víctima de una «decisión política».
Olga Jiménez, una abogada laboralista que no cobra ningún sueldo de Podemos y que se presentó en una lista independiente a la presidencia de la comisión de garantías estatal se encuentra suspendida provisionalmente de sus funciones y en el centro de la primera revuelta interna de Podemos que no se corresponde con una guerra de familias.
La presidenta apartada entiende que su expediente es «nulo de pleno derecho», y fuentes de su entorno lo atribuyen a una «decisión política por el dictamen que anula los estatutos», que ha sido «impulsada desde la secretaría de Organización [que dirige Pablo Echenique] con el objetivo de condicionar la independencia de las comisiones de garantías».
El conflicto comenzó el pasado 25 de julio de 2017, cuando la ejecutiva de Pablo Iglesias aprobó unos nuevos estatutos que cambian puntos clave de las normas del partido sin someterlo a la votación de las bases.
Entre otras medidas, crean un nuevo régimen disciplinario que castiga férreamente las filtraciones a la prensa de asuntos internos del partido.
El 28 de julio, la comisión de garantías estatal del partido se reúne y emite un dictamen -que luego sería cuestionado por otros miembros de la comisión, por una disputa sobre si los suplentes tienen o no derecho a voto- que anula parte de esos estatutos. El órgano está formado por cinco titulares y cinco suplentes.
Apenas 13 días después de que Jiménez promoviera en el seno de la comisión que presidía ese dictamen contrario a la nueva norma de la ejecutiva de Iglesias, esa misma ejecutiva le abre un expediente disciplinario, tras una denuncia de otros tres miembros de la comisión.
El 10 de agosto, el mismo día que recibe la denuncia contra la presidenta, la ejecutiva se reúne telemáticamente y autoriza la apertura de expediente contra ella por «posible incumplimiento de la reglamentación vigente, código ético y acuerdos de la asamblea ciudadana». Desde ese momento Jiménez está suspendida de sus funciones.
El expediente transcurre a toda velocidad. El 11 de agosto se le comunica. Y a partir de ese momento, la acusada asiste estupefacta a un proceso que se tramita con la participación de la parte denunciante.
«Los denunciantes actúan como juez y parte», y han «usurpado las competencias del pleno y de la presidenta de la comisión» precisamente para abrirle el expediente, denuncian fuentes de su entorno. Asimismo, alertan, uno de las miembros titulares de la comisión -de la parte denunciante- está recusado por no ser militante cuando fue elegido en Vistalegre 2.
En la comunicación del expediente no se le informa de los hechos que motivan las acusaciones en su contra. Hasta la fecha -han transcurrido 18 días- Jiménez no conoce qué ha hecho para justificar tales acusaciones. Es más, ha recibido una relación de preguntas que le piden datos sobre determinados asuntos, mientras desconoce los términos de la denuncia. Tampoco sabe qué preceptos concretos habría vulnerado. En cualquier proceso judicial podría ser considerado un motivo de indefensión.
El expediente se tramita, al mismo tiempo, con la participación de la parte denunciante y, en principio, los tres denunciantes deberían también resolverlo, puesto que son tres miembros titulares de la comisión, que es el órgano encargado de ello.
En una reunión telemática -casi todo en Podemos funciona a través de la red social Telegram- los tres miembros denunciantes convocaron un pleno el pasado 11 de agosto en el que decidieron la apertura del expediente contra Jiménez, y designaron un instructor y un secretario. La presidenta, parte de ese pleno, no lo reconoció porque solo es ella la competente para convocar los plenos y porque además agosto es inhábil para la comisión. La urgencia es el otro rasgo del proceso.
Podemos suspende por vía urgente y secreta a la presidenta de garantías
«En la medida de nuestras posibilidades, por supuesto que el proceso es garantista», defiende uno de los miembros de la comisión de la parte promotora del expediente. Este reconoce que nadie sabe quién debería resolver el proceso contra la presidenta, ya que «en la normativa interna no está prevista específicamente la resolución de un expediente en el que el expedientado es presidente de uno de los órganos».
Pero la posible expulsión de la presidenta de la comisión de garantías y el cambio de los estatutos han provocado una rebelión interna que no para de crecer.
Apoyos a la expedientada
El proceso disciplinario contra Olga Jiménez ha motivado la protesta de cinco comisiones de garantías autonómicas, un manifiesto de 45 miembros y exmiembros y otro de la corriente Profundización Democrática.
«Exigimos el deber de inhibición de los denunciantes, parte interesada en el expediente abierto en la CGDE [Comisión de garantías democráticas estatal], siendo arbitraria, cuando no radicalmente nula, y contraria a los principios generales del derecho,toda la tramitación realizada sin la previa abstención de los denunciantes», dice el dictamen aprobado por la comisión de garantías de Madrid el pasado 21 de agosto.
«Manifestamos nuestra total oposición al expediente disciplinario que se le quiere abrir por carecer totalmente de objeto y fundamento», asegura el manifiesto de los 45 miembros y exmiembros.
El texto de Profundización Democrática tacha de «inaceptable» que el Consejo de Coordinación «interfiera» en el normal funcionamiento de su máximo órgano de resolución de conflictos «tomando partido en un conflicto interno», porque «socava gravemente la democracia interna».
Las comisiones se reúnen por la crisis
A pesar del intento de apartarla, la presidenta de la comisión de garantías estatal de Podemos no admite estar suspendida -por considerar que su expediente es nulo- y ha movido ficha. Como presidenta, Olga Jiménez ha convocado el próximo jueves a una reunión en Madrid de todas las comisiones autonómicas con el objetivo de hacer frente común para asegurar la independencia de estos órganos frente al poder ejecutivo del partido.
El órgano tiene ahora mismo a dos miembros que se consideran su legítimo presidente, ya que tras la apertura del expediente contra Jiménez otro titular de la comisión, Argiro Giraldo, se ha anunciado como la nueva autoridad máxima del organismo.
De esta forma, las comisiones autonómicas que acudan a la cita convocada por Jiménez -una decena han comunicado su intención de acudir, según los convocantes- mostrarían así un gesto de respaldo a la presidenta, ya que en principio estaría suspendida de sus funciones.
Cinco comisiones regionales han aprobado dictámenes en apoyo de la presidenta apartada, y 45 miembros y exmiembros de comisiones firmaron un manifiesto en el que le daban su apoyo y cargaban contra la «usurpación de funciones» en la que incurre la presidencia actual.
