A todo le ponen un ‘pero’ y se han puesto de perfil en lo esencial. En cualquier caso, no son tan tontos como para no percibir que si persisten en sus actitud y dado el creciente cabreo popular, se los puede llevar la riada y tratan a toda prisa de cubrirse.
El PSOE de Sánchez quiere evitar pronunciarse sobre las medidas del Gobierno Rajoy respecto al desafío catalán, y eso incluye también no pronunciarse sobre la «hipótesis» respecto a la aplicación del artículo 155.
«Al PSOE no se le puede pedir que se pronuncie sobre algo que el Gobierno no tiene claro», ha señalado el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, que ha asegurado que a la luz de las circunstancias «pronunciarnos de forma categórica sobre cualquier alternativa sería imprudente».
Este mensaje es muy diferente al que planteó a comienzos de julio la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, que aseguró:
«Nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos».
No se trata tanto de un cambio de fondo respecto a su aplicación, sino una apuesta por la prudencia ante la escalada de los acontecimientos en Cataluña.
Incluso a finales de junio el propio Puente recordaba que este artículo se encontraba dentro de la legalidad y la Constitución. Aunque el propio Puente días antes manifestaba que «por mucho que forme parte de la Constitución, es una medida cruenta».
La apuesta del PSOE es no tratar este asunto porque en el Gobierno «no tienen tomada una decisión respecto a aplicar el 155». Pero en ningún caso han querido lanzar un mensaje contrario a su aplicación.
Puente ha planteado que su partido «no va a hacer una valoración puntual de cada decisión» porque «les hemos brindado nuestro apoyo» y que no habrá «un pronunciamiento sobre medidas concretas» mientras que se respeten los principios de proporcionalidad. A juicio del PSOE hasta el momento «se están respetando esos principios».
Esa apuesta incluye también el apoyo a la decisión del Gobierno de controlar las cuentas de la Generalitat: «¿Nos han visto pronunciarnos en contra?». Aunque Puente ha reconocido que no todas las medidas agradan. «Podríamos criticar más o menos. Pero estamos ante un desafío a la soberanía. Ponemos por encima la responsabilidad de Estado. Por encima de todo la defensa del Estado de Derecho y la soberanía nacional».
Presión a los alcaldes
Sí ha reconocido Puente que en el PSOE existe debate sobre las medidas que está tomando el Estado ante el desafío.
«Algunas han gustado más y otras han gustado menos, pero no queremos valorar medidas concretas».
Fuentes de la Ejecutiva reconocen que dónde hay más dudas ha sido en la decisión de la Fiscalía de apercibir a los 700 alcaldes independentistas o en la prohibición judicial para celebrar el acto en favor del referéndum en Madrid. Pero todas estas dudas se mantienen en privado.
Respecto a la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de facilitar la votación Puente le ha reclamado que haga público los detalles del acuerdo alcanzado con la Generalitat.
Puente ha criticado el acoso que los alcaldes del PSC están sufriendo.
«El acoso está llegando al nivel personal y familiar. A sus hijos en los colegios se les acosa. Ni en el nivel de lo admisible ni de lo soportable».
Por otro lado, respecto a la propuesta de Podemos de convocar una asamblea de alcaldes y diputados para abrir una mesa política para debatir sobre la crisis en Cataluña
. En el momento de su rueda de prensa Punte ha dicho no conocer los detalles, pero ha avanzado que si el fin de la propuesta es la celebración de un referéndum no representa «nada nuevo».
El portavoz ha avanzado que la postura del PSOE «no va a variar» y que se centra en la defensa del diálogo para lograr un encaje de Cataluña dentro de España mediante una reforma constitucional.
«El PSOE no aceptaría trocear la soberanía nacional y ningún Estado de la UE va a aceptar trocear su soberanía».
Puente considera que la propuesta de Podemos de un referéndum «no es un planteamiento realista ni responsable». Y también le ha afeado que solo se centren en criticar al Gobierno:
«Echamos en falta una crítica al Gobierno de la Generalitat».
