Se calcula que el golpe a la legalidad de la banda de Puigdemont ha costado hasta ahora 13.000 millones de euros. Un palo tan duro como razonable para una economía pujante como la española, donde las señales de incertidumbre causan la espantada de 30 empresas a la hora de Cataluña.
Mientras la economía se frena, el Gobierno sigue dilatando los tiempos en lugar de asumir –como dice El Mundo– de una vez que la Generalitat es ya un Gobierno autonómico que se ha declarado en rebeldía y que, tras vulnerar el autogobierno.
«Rajoy y PSOE se resisten a aplicar el 155.Piden elecciones a Puigdemont».
Pagarán la indignidad.Habrán de aplicar medidas mucho más serias.— Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 18 de octubre de 2017
El diario ABC se ha cruzado con un pajarito de Moncloa que le ha contado que el Ejecutivo permitiría a Puigdemont quedar indemne, al menos desde el punto de vista político, de su golpe a la democracia: si convoca elecciones autonómicas, de forma legal y al amparo de la ley Orgánica del Régimen Electoral General, y siempre que no haya declaración de independencia, el Gobierno podría suspender la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Fuentes del Gobierno pusieron todos los matices posibles a esa opción electoral: «Depende de cómo se haga». Es decir, si la convocatoria de elecciones viene precedida de una declaración de independencia, la intervención del Gobierno de la Nación estará hecha. Y si se hace en cumplimiento de la ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional, también. La convocatoria de comicios tendría que ser «legal», basada en la ley electoral que rige en Cataluña, que es la Loreg, la general nacional, al no tener una norma propia.
? Amenaza Rajoy con suspender la autonomía de #Cataluña. https://t.co/oOHr2oUPIA pic.twitter.com/2ETAERFGBB
— Once Noticias (@OnceNoticiasTV) 19 de octubre de 2017
Según fuentes del Gobierno, la activación del artículo 155 tendrá como objetivo la creación de un «escenario electoral» dentro de la legalidad. Es decir, si se produce la intervención, ésta podría acabar en unas elecciones, pero no inmediatas. Antes habría que acabar con la ilegalidad instaurada.
El Mundo le suplica a Rajoy que haga algo: tiene que dejar claro que el Gobierno usará todos los resortes que contempla la ley para restituir el orden constitucional en Cataluña. Y que lo hará con el suficiente liderazgo operativo y político que permita preservar los derechos y libertades de todos los españoles y, al mismo tiempo, enviar una señal de confianza a ciudadanos y empresarios.