Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes e Igualdad, nos has dejado muy tranquilos a todos cuando afirmó desde Jaén que las amenazas del racista Quim Torra no hay que tomarlas en serio…
«Con una frase inaceptable no se ataca al Estado español», fue la réplica a Torra por su ataque verbal al país, mientras que, por el contrario, sí descargó contra quienes le pidieron no tolerar estas manifestaciones públicas.
En concreto, pidió a las «derechas españolas», que a su juicio «están en un discurso radical inentendible», «que le hagan oposición al Gobierno, pero que no le hagan oposición a España y a los problemas que tiene».
En cuanto a la posibilidad de aplicar de nuevo el 155, Calvo pasó por encima: «cuando existan hechos jurídicos que se puedan atacar jurídicamente, el Gobierno de España sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales».
La única recriminación directa a Torra fue que «se ataca a sí mismo cuando tiene un Parlamento que va a estar por razones inentendibles inactivo».
Y añadió: «El Gobierno sabe cuándo y cómo tiene que actuar. La política se hace con hechos, y aquí lo importante es que hablamos con todos los gobiernos porque es nuestra obligación».
Ignacio Camacho en ABC avisa que las amenazas de Torra hay que tomárselas muy en serio:
«Todas las fases del procés -las leyes de ruptura, el referéndum, la declaración de secesión- fueron proclamadas de antemano y ejecutadas con poca o ninguna variación sobre el calendario».
El problema es que los constitucionalistas cometen el error sistemático de minimizar la amenaza o de no hacerle caso, y ese desdén propio de un pensamiento ilusorio ha estado más de una vez a punto de provocar un descalabro. A estas alturas existe la experiencia suficiente para entender que el nacionalismo actúa bajo el convencimiento iluminado de una misión histórica capaz de superar cualquier obstáculo, y en esa fe encuentra la determinación de la que carecen sus adversarios.
ABC, que este 19 de agosto de 2018 pidió aplicar ya el 155, le recuerda a Sánchez en su editorial Calvo se equivoca porque el ataque, en realidad, ya está en marcha. La Generalitat ha comenzado a perseguir a los ciudadanos («individuos», los llama su Consejería de Interior) que se dedican a quitar los lazos amarillos de los espacios públicos.
Torra -acreditado «supremacista y racista», según el propio Sánchez- ha iniciado por tanto la caza de brujas contra los catalanes no separatistas. Y contra ellos ha lanzado a su policía. Los Mossos ya han identificado a catorce personas en diversas localidades, que se enfrentan a multas de hasta 30.000 euros por intentar evitar que la simbología golpista inunde las calles. El mundo al revés, desaparecen de los edificios oficiales los símbolos del Estado y son sustituidos por banderas alegales y símbolos que honran a una partida de sediciosos. El separatismo abre la fase de represión en la calle, elemento esencial de todo movimiento totalitario.
¿También esto es «entendible»?
Y es que los «momentos» que prepara el independentismo, dispuesto a lograr cuotas de movilización social parecidas a las del año pasado, podrían resumirse en tres jornadas. Así lo resume La Razón:
La parada inicial será en la Diada. ANC y Omnium han propuesto llenar la avenida Diagonal de la capital catalana desde el palacio de Pedralbes hasta Glòries bajo el lema «Hagamos la república catalana». La coreografía servirá para exigir al presidente Torra que «haga efectivo el mandato del 1-O» y que «acabe el trabajo».
El segundo y gran «momentum» que prepara el independentismo llegará el próximo 1 de octubre, fecha señalada para reactivar la escalada de tensión a propósito del aniversario del referéndum ilegal del otoño pasado. Justo entonces, Carles Puigdemont aprovechará para convertir la Crida Nacional per la República en un nuevo partido político con el que pretende absorber primero al PDeCAT y luego a ERC con el objetivo de presentarse a las urnas como fuerza unitaria del soberanismo.
Apenas un día después se celebrará en el Parlament el debate de política general, con la cuestión de los diputados suspendidos como gran prueba de fuego para medir las relaciones entre Junts per Catalunya y ERC.
El debate de fondo entre ambas formaciones es, a su vez, el gran dilema independentista: ¿provocar elecciones tras orquestar un nuevo otoño caliente o alargar la legislatura para ensanchar la base de apoyo soberanista? Entre medias está previsto que se celebre la segunda reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez, que debe producirse en la plaza Sant Jaume. El Govern tiene previsto tensar la cuerda al máximo y poner el referéndum encima de la mesa.
La verdadera batalla se librará coincidiendo con el juicio a los dirigentes independentistas presos. «No aceptaremos sentencias de escarmiento», señalan desde el Govern. Torra incluso va más allá y coquetea con la desobediencia: «No aceptaremos ninguna sentencia que no sea el archivo de una causa injusta». La estrategia de Puigdemont es aprovechar el juicio para provocar elecciones y conseguir una holgada mayoría.