Tienen hasta el 27 de diciembre, cuando se constituya el nuevo Parlamento andaluz, para no dejar rastro alguno de su largo paso por la política a los altos cargos de la Junta, funcionarios incluidos con acceso a contratos millonarios e información sensible, asesores a dedo y liberados sindicales. (Intentando ‘salvar el culo’, Susana Díaz inyectó más de 25 millones a Canal Sur).
Las instrucciones recibidas en las últimas horas, tras gestar el PSOE el conocido como macrocontrato o contratazo de la Junta, para contratar el sistema de telecomunicaciones de la administración socialista: 236 millones de euros para todas sus sedes y su personal, 270.000 funcionarios, 91 empresas públicas dependientes del Ejecutivo, 124.000 extensiones de telefonía fija, 37.000 teléfonos móviles corporativos y 44.000 líneas móviles, son tajantes.
La mayoría que forman PP, Ciudadanos y Vox, puede triturarles, lo mismo que están haciendo ahora las máquinas al efecto.
Segun da cuenta ‘EsDiario’, entre esos 37.000 aparatos, hay un grupo selecto y restrictivo de terminales «inteligentes» destinados a «usuarios de perfil directivo», dotados de sistema Android y con 4 gigabytes de capacidad que son un verdadero peligro, y pertenecen a otros tantos altos cargos claves y con mando en plaza sobre la fontanería de la Junta.
Todo sea porque no aparezca algo parecido a los extractos de los gastos en puticlubs de las tarjetas oficiales del Fondo Andaluz de Formacióm y Empleo (FAFFE).
Un esbirro de Susana Díaz apela a los valores constitucionales y Ana Rosa le mete un palo de órdago