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Pablo Casado tiene la reforma legal que ahogaría financieramente a Puigdemont

Pablo Casado tiene la reforma legal que ahogaría financieramente a Puigdemont
Pablo Casado (PP). TAREK

Pablo Casado no se anda por las ramas y cada vez está más activo. El presidente del PP, ha anunciado hoy una proposición de ley orgánica para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de manera que «aquellas personas acusadas que estén en rebeldía no puedan tener ningún beneficio de fondos públicos para seguir haciendo su labor independentista». Se trata de una iniciativa pensada especialmente para los líderes del procés fugados, como el ex presidente catalán Carles Puigdemont o los ex consellersMeritxell Serret, Antoni Comín o Clara Ponsatí. «Puigdemont no puede seguir viviendo en un palacio pagado por la Generalitat», a costa «del país al que quiere destruir», ha asegurado Casado, según recogeJuanma Lamet en El Mundo.

El líder del PDeCAT no ha solicitado el sueldo reservado a los ex presidentes de Cataluña, para poder seguir autoproclamándose «presidente legítimo» del Govern. Sin embargo, la Generalitat sí sufraga los gastos de su oficina y paga las nóminas de tres trabajadores a su cargo. A lo que se ha referido Casado es a la posibilidad de que sean esas retribuciones las que se estén usando para sufragar la vida de Puigdemont en Bélgica.

La reforma legal del PP busca «dotar al juez de un instrumento eficaz para que cuando se enfrente a una situación de rebeldía (es decir, que un procesado no se presente en el procedimiento) pueda adoptar las medidas oportunas para evitar que el declarado rebelde pueda recibir ayudas, ingresos o subvenciones del Estado», explican en el PP. La intención es acabar con su ‘privilegio’ económico a costa del erario público, en primer término, y prohibir que la Generalitat los rescate si son condenados a un embargo millonario, en segundo.

Hay que recordar que, hace dos semanas, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, abrió una investigación que puede dar lugar al embargo millonario de bienes Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros 16 altos cargos, incluida la actual interventora, Rosa Vidal, por el dinero público desviado para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. La cifra que les reclama -aún por definir en sus términos exactos- supera, cuando menos, los ocho millones de euros.

En un acto celebrado en Melilla, Casado ha criticado con dureza a Sánchez, por «permitir» que haya «homenajes» a los presos del procés y por no defender a los Mossos d’Esquadra. «A los buenos policías los investigan y los denuncian», ha dicho, en referencia al agente que recriminó a un manifestante que la república catalana «no existe», al que se le ha abierto un expediente. «El control de mando del independentismo está instalado en La Moncloa», ha llegado a decir Casado.

En su primera batería parlamentaria del año, el PP ha anunciado otras dos iniciativas parlamentarias. La primera, una proposición no de ley para exigirle al Gobierno que los menores no acompañados sean considerados «inmigrantes económicos» y no sólo humanitaria o social. La segunda, ya registrada esta mañana en el Congreso, una proposición de ley orgánica para introducir en el Código Penal dos nuevos supuestos de prisión permanente revisable: el secuestro antes del asesinato y la ocultación del cadáver.

Donde más se ha explayado Casado es en el asunto de la inmigración irregular. «El PP va a presentar una proposición no de ley para dejar muy claro que la problemática de los menas no sólo es social, sino inmigración económica, y por tanto debe implicar control de fronteras», ha recalcado, tras advertir de que los servicios sociales de España «no son ilimitados» y de que «la inmigración tiene que ser integrada» y los inmigrantes tienen que «ser parte de la sociedad».

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha ido más allá y ha calificado de «avalancha» la llegada de menores no acompañados. «No podemos soportar la presión migratoria, lo que es una avalancha», ha dicho. «Tenemos 1.000 [menas] en Melilla, han crecido un 125% en seis meses y ya no podemos más», ha incidido, antes de abonarse definitivamente al discurso del miedo: «Nos van a inundar».

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