Es su ‘Waterloo (‘La Maldición del Casoplón’: todo lo malo que le ha pasado a Pablo Iglesias desde que compró el chalet).
Cuenta Luz Sela en OKdiario este 3 de febrero de 2019 que Podemos recibió el año pasado 278.216 euros -352.333,87 euros, si se consideran todas las confluencias- a cargo de los Presupuestos Generales para sufragar gastos de seguridad privada derivados de su actividad como partido político (El cuartelillo de la Guardia Civil que ya tienen en la puerta de su casoplón Iglesias y Montero ).
Pese a ello, Pablo Iglesias goza de protección pagada por el Estado en su chalé de Galapagar. Iglesias e Irene Montero cuentan con vigilancia de la Guardia Civil asegurada durante 24 horas en el exterior de su domicilio (Alfonso Ussía insta a los «psicópatas» de Podemos a dejar el casoplón e irse a proteger a Maduro).
Se trata de una medida, según confirman fuentes policiales, poco frecuente y reservada habitualmente a miembros del Gobierno. Ni Pablo Casado ni Albert Rivera cuentan con ella. Tampoco la han solicitado, según confirman desde sus formaciones.
Las subvenciones abonadas a los partidos políticos para gastos de seguridad se recogen en las respectivas resoluciones, con publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entre los gastos subvencionables se incluyen también los servicios de escolta y protección de los cargos.
Se trata de la subvención que, anualmente, concede el Estado a las distintas formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, en virtud de la Ley sobre financiación de partidos políticos, de 2007.
La finalidad de la subvención, que se abona en doce mensualidades, es para sufragar gastos de seguridad y se concreta en el montante anual incluido en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente, que se consigna en el programa destinado a ‘Elecciones y Partidos Políticos’.
En virtud del número de diputados, es el Partido Popular el que más dinero recibe, con 896.068,82 euros en el último año, seguido del Partido Socialista, con 554.709,96 euros.
La asignación procede del gobierno de Rodríguez Zapatero, que la aprobó vía decreto, en 2011. El Real Decreto 1036/2011, de 26 de septiembre, recoge así la regulación de esas subvenciones estatales, destinadas a «sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos» para «mantener su actividad política e institucional».
Una protección que se justifica en el texto porque «la Constitución Española atribuye a los partidos políticos una función esencial en todo Estado democrático: servir de cauce para la expresión del pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación política».
En los gastos subvencionables se incluye la protección de las sedes (tanto el personal de seguridad como el acondicionamiento e instalación de alarmas, cristales de seguridad, persianas, cerraduras, videocámaras, controles de acceso, etcétera) y de las personas.
En este punto, el artículo 8 recoge como tales los gastos en la contratación de servicio de escolta, siendo subvencionable «la retribución bruta del personal contratatado así como los gastos inherentes al ejercicio de sus funciones».
Además, el partido puede incluir como tales la utilización de vehículos blindados, inhibidores de señales, GPS o auriculares de teléfonos de confidencialidad en los vehículos.
El Estado también corre a cargo de los gastos que se deriven del software neceario para controlar el acceso a las sedes, proteger la información que en ella se disponga y cualquier otro relacionado con la seguridad, así como de la protección de actos públicos y eventos (personal de seguridad y acondicionamiento de espacios).
Los partidos tienen la obligación de utilizar este dinero conforme a las condiciones establecidas y presentar la justificación de dicho cumplimiento al Tribunal de Cuentas, que ejerce de órgano fiscalizador. En caso contrario, deberán a proceder a su reintegro total o parcial.
