Como escribía hace unos días Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, sabíamos que Pablo Iglesias era un cursi y un impostor y ahora descubrimos que encima es un ‘cagón.
Que para más inri, llora mucho, como dejó patente el pasado 23 de abril de 2021, cuando agarrado de la manita de la oronda Angels Barceló, teórica moderadora en el debate entre los aspirantes a presidir la Comunidad de Madrid, señalaba histérico a Rocío Monasterio y exigía que la expulsasen, antes de salir corriendo de la Cadena SER.
Ha intentado el del moño meter en prisión al ciudadano Miguel Ángel Frontera, por hacer sonar el himno de España ante la mansión de Galapagar donde reside con su cónyuge Irene Montero, ministra de Igualdad, alegando que están ‘asustados’, ocultando que cuentan allí, además de con una legión de agentes de Guardia Civil, con un servicio de protección ‘privado‘, que paga el partido y del que forman parte los mismos matones que la Policía Nacional ha detenido por liderar las agresiones contra la gente que asistió al mitin de VOX en Vallecas.
Y por si eso fuera poco, ahora nos enteramos de que el Ministerio del Interior, con el dinero que pagamos todos los contribuyentes, ha acordado reforzar las medidas de protección para el ministro Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil María Gámez y el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid.
Con respecto a este último y como recuerda Luz Sela en OKdiario este 3 de mayo, subrayar que ya cuenta con 26 escoltas y su partido recibe al año del erario público la friolera de 214.263 euros para gastos de seguridad.
Este tipo de fondos, que se da a todos los partidos políticos desde tiempos de Zapatero, están en teoría destinados a la protección de las sedes, con personal, alarmas, cristales blindados, videocámaras y otros gadgets, incluidos inhibidores o GPS.
Los partidos tienen la obligación de utilizar este dinero conforme a las condiciones establecidas y presentar la justificación de dicho cumplimiento al Tribunal de Cuentas, que ejerce de órgano fiscalizador.
En caso contrario, deberán proceder a su reintegro total o parcial.
Lo que no aparece por lado alguno es un apartado donde se pueda incluir en ese presupuesto a ‘matones a sueldo’, como los que Iglesias despachó a Vallecas el pasado 7 de abril, para reventar a pedradas, ladrillazos, puñetazos y patadas el mitin de Santiago Abascal en la Plaza Roja del barrio.
De los facinerosos enviados a golpear a vecinos y policías, sólo han sido detenidos dos, pero para muestra basta un botón.
Uno es Daniel Jiménez y tiene 30 años. Es un trabajador contratado por Podemos para supuestas ‘tareas logísticas’, pero que realiza labores de vigilancia y seguridad.
Desde Unidas Podemos alegan que el detenido realiza normalmente labores de “portero, otras veces conduce la furgoneta, o lleva paquetes”.
Daniel Jiménez es hermano de Iñaki, conocido como Pirrakas, un tipejo que hace labores de escolta a Pablo Iglesias en su casa.
“Es el que se encara con los que van a hacer caceroladas o a gritar en la puerta del chalé”, señalan fuentes policiales que realizan labores de vigilancia en esa zona de Galapagar.
“Algunas veces también hace las veces de conductor y le lleva a algún sitio, en lugar de su escolta oficial”.
Alberto Robles, de 44 años, acusado también de atentado contra agente de la autoridad y también localizado y detenido, es como el anterior un habituales del gimnasio del Rayo Vallecano, donde muchos practican boxeo, y que es uno de los puntos de encuentro de los Bukaneros, el club de los hinchas del equipo madrileño clasificados dentro de la ultraizquierda.
También hace labores de ‘escolta’ con Iglesias y por lo visto, lo pagamos nosotros.
UN CINTURÓN DE HIERRO
Cuando era vicepresidente, Pablo Iglesias disponía de 13 funcionarios policiales para su escolta dinámica.
Por su parte, Irene Montero tiene asignados 9 escoltas como ministra de Igualdad.
La pareja dispone de otros 12 agentes que vigilan su vivienda, en la localidad madrileña de Galapagar.
Tras la salida de Iglesias del Gobierno Sánchez para concurrir a las elecciones en la Comunidad de Madrid, la cifra ronda los 26 agentes destinados a la protección de ambos dirigentes podemitas.
Un dispositivo suficiente, señalan las fuentes policiales consultadas por este periódico, para protegerles de cualquier amenaza.
Iglesias ha aprovechado el envío de cartas amenazantes -cuya procedencia se investiga- para criminalizar a la «ultraderecha» y denunciar la sensación de inseguridad que vive en su día a día.
«Es una situación insoportable», dijo hace una semana, en unas declaraciones remitidas por su equipo de campaña a los medios de comunicación, después de que la ministra Reyes Maroto recibiese otra carta con una navaja manchada de pintura, enviada por un enfermo mental.
«No puedo salir con mis hijos a dar un paseo por el parque porque tengo que ir rodeado de policías y cada semana me dicen que van a reforzar el dispositivo porque detectan amenazas reales».