El PP va a tener que luchar a brazo partido.
El disputado voto, no del señor Cayo, sino de Alberto Casero (PP) va a tener que llegar finalmente al Tribunal Constitucional.
No le queda de otra a la formación de Pablo Casado después de que, de manera interesada, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, haya filtrado el informe de los letrados en el que se especifica que el voto del parlamentario popular sobre la reforma laboral fue válido.
Lo chocante de este informe es que se haya dado a conocer antes de que tuvieran constancia los integrantes de la Mesa del Congreso, algo que iba a suceder, a buen seguro, el 15 de febrero de 2022.
En el seno del PP no albergan la menor duda de que Batet vuelve a ponerse descaradamente la camiseta del PSOE para intentar arañar votos para Luis Tudanca.
Y es que a nadie se le esconde un hecho fundamental. El 13 de febrero de 2022 se celebran las elecciones en Castilla y León y, viendo que la incertidumbre sobre quién gobernará a partir de esa noche es el denominador común, la presidenta de la Cámara Baja recurre a una treta de baja estofa.
CUCA GAMARRA: «AQUÍ VALE TODO»
Más allá de que Casero se hubiese equivocado en la votación telemática o de que en verdad se hubiera producido un error informático, lo que en el PP siguen sin entender es la decisión de la presidenta del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo de impedir votar presencialmente a su diputado.
De ahí que la que fuera alcaldesa de Logroño (La Rioja) anunciara este 11 de febrero de 2022 que tanto su grupo parlamentario como el propio Casero han presentado sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Gamarra calificó la decisión de Batet de impedir la rectificación del voto sobre la reforma laboral como un «atropello democrático»:
Aquí se ha conculcado el derecho de un diputado que avisó con tiempo sobre lo que había sucedido con la votación telemática. Había capacidad suficiente para que Casero hubiese podido de manera presencial.
Igualmente, Cuca Gamarra tiene la sospecha más que fundada de que la filtración del informe de los letrados sobre que, telemáticamente, no se produjo anomalía alguna en el voto de Casero, responde a un interés político:
Resulta curioso que aún no se haya reunido la Mesa del Congreso pero se filtra el informe de manera interesada.Aquí todo vale y lo que demuestra es que se está deteriorando la calidad democrática de nuestro país.
La portavoz parlamentaria del Grupo Popular insiste en que no piensa bajar los brazos y que se llegará hasta el fondo para demostrar la mala praxis de Batet:
Vamos a llegar hasta el final con este asunto. Lo que aquí ha quedado claro es que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha estado al servicio de los intereses de su partido, y no de los intereses de los españoles. Es inadmisible que la Mesa del Congreso todavía no se haya reunido para amparar al diputado.
