No es una sorpresa el chantaje porque se veía venir.
Los independentistas, que no son tampoco amigos del envío de armas a Ucrania, han hallado un punto por el que poder hacer efectiva su reclamación.
Según la formación separatista, ella estaría dispuesta a dar su visto bueno a dotar con armamento a las tropas ucranianas a cambio de que el Gobierno Sánchez se comprometa a no encarcelar a nadie en un futuro referéndum secesionista.
Es decir, en la mente de Esquerra está llevar a cabo una nueva consulta, sacar de nuevo las urnas a la calle, pero con el aval de una garantía de Moncloa de que se podrá realizar la misma con total tranquilidad.
Tal y como señala Carlos Cuesta en Okdiario, ERC pretende blindarse ante unos hipotéticos encarcelamientos con esta sarta de justiciaciones:
España es miembro de pleno derecho del Consejo de Europa desde el 24 de mayo de 1977 y ser miembro implica formar parte de un sistema de garantía colectiva y firme compromiso con unos estándares mínimos de calidad democrática, respeto del estado de derecho y salvaguarda de los derechos humanos.
El artículo 3 del estatuto del Consejo de Europa (Londres, 1949) reconoce el principio del imperio del Derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su Jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y se compromete a colaborar sincera y activamente en la consecución de la finalidad definida en el capítulo primero.
LA RESOLUCIÓN 2381
Prosigue el escrito del grupo parlamentario de Gabriel Rufián esgrimiendo que:
En fecha 21 de junio de 2021, durante su 16 sesión, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) aprobó la Resolución 2381 (2021) ‘Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate‘, dirigida a las autoridades españolas y turcas.
Esa Resolución invita a todos los estados miembros a respetar la libertad de expresión y manifestación de políticos para así proteger el diálogo democrático. Una protección que se extiende hasta los pronunciamientos que puedan molestar o alarmar aquellos que no compartan las mismas ideas.
En esa Resolución se destaca la posibilidad de:
Perdonar o liberar de la cárcel a los políticos catalanes condenados por su participación en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y manifestaciones pacíficas masivas, y considere retirar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes residiendo en el exterior y buscados por los mismos hechos.
Igualmente se reclama:
Que retire los restantes procesos penales también a los oficiales involucrados con el referéndum de 2017 y abstenerse de sancionar los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que meramente expresan solidaridad con aquellos en prisión.
En definitiva, y a modo de conclusión, se quiere:
Entrar en un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Cataluña, incluidas las opuestas a la independencia, para así fortalecer la calidad de la democracia española bajo la autoridad del estado de derecho, buen gobierno y total respeto a los derechos humanos, sin recurrir al derecho penal, pero cumpliendo con el orden constitucional para llegar a un compromiso que habilite a España, una democracia europea fuerte, a solucionar sus diferencias políticas, incluso en temas sensibles
