Se veía venir la jugarreta.
El Partido Popular tenía la mosca detrás de la oreja y, al albur de los acontecimientos, no iba desencaminado.
Desde Génova 13 se temían que Pedro Sánchez quisiera colarles un gol por toda la escuadra, pero recurriendo a las más sucias artimañas.
Y así fue.
Durante el pleno en el Congreso de los Diputados del 27 de octubre de 2022 para debatir y votar las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se le coló (o tal vez no) la intención que tenía el Ejecutivo socialcomunista de perpetrar un acuerdo con los independentistas para rebajar las penas por el delito de sedición:
Traeremos a esta Cámara, en relación con el debate sobre «a convivencia en Cataluña, la voluntad del Gobierno de homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país. La Cámara, soberanamente, tendrá que decidir sobre esta cuestión. Seguiremos empeñados en el diálogo.
Esa era una de las líneas rojas que la formación de Alberto Núñez Feijóo no estaba dispuesto a que se traspasara.
Consciente de su supuesta metedura de pata, Montero intentó ‘arreglar’ el desaguisado aseverando después en los pasillos del hemiciclo que no había querido decir lo que todos habían escuchado:
La intención no era la de dar un paso más. En el fragor parlamentario no ha dado tiempo a poder completar la frase. La reforma se traería a la Cámara solo cuando se aseguren las mayorías necesarias para sacarla adelante.
REACCIÓN FULMINANTE DE GÉNOVA 13
Sin embargo, las justificaciones de la ministra socialista no convencieron a un PP que a última hora del 27 de octubre de 2022 emitía un comunicado de 12 puntos en los que, en síntesis, procedía a decir que las negociaciones con el Gobierno de Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial quedaban suspendidas:
- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido esta tarde una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para actualizar el estado de las conversaciones respecto a un cambio legislativo para garantizar la independencia judicial, así como para la renovación de los órganos pendientes.
- Aunque el presidente Sánchez era plenamente consciente de ello cuando anunció erróneamente que el acuerdo estaba hecho, el presidente Feijóo le ha recordado que todavía estaba abierto en varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular.
- En relación con esto, Feijóo le ha trasladado su extrañeza ante el cambio de posición del PSOE en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición. El Partido Socialista, a través del interlocutor designado por el presidente Sánchez para abordar las conversaciones, había trasladado que no estaba en sus planes acometer esa modificación.
- Pese a las diferentes versiones trasladadas pública y privadamente por distintos miembros del Gobierno, esta tarde el presidente Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y en consecuencia no va a renunciar a su modificación.
- Es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo. Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España.
- Es importante señalar que para aquellas personas con causas abiertas por delito de sedición actualmente las penas ya pueden verse reducidas con la única condición del arrepentimiento y el compromiso de no reincidir. Luego entonces, el único propósito del Partido Socialista con esta modificación, todo parece indicar, es un compromiso unilateral con el independentismo.
- La decisión de incorporar a la agenda política la reforma del Código Penal en este momento sólo puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno.
- El Partido Popular es un partido de Estado, que antepone el interés general a cualquier interés personal o partidista. En este sentido, anunciar de forma solemne un acuerdo que todavía no existe, modificar oralmente y en los medios un criterio manifestado de forma contraria durante las negociaciones, o confirmar que el Código Penal es una herramienta que está dispuesto a entregar al independentismo no es aceptable.
- Nuestra vocación de acuerdo es tan firme como nuestra convicción de que no podemos seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo.
- En este sentido, le ha ofrecido al presidente Sánchez abordar juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, tal y como el propio presidente Sánchez prometió a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones.
- Las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional.
- El presidente y todo el Partido Popular sigue a disposición del presidente del Gobierno.
