Un sopapo en toda regla
El Tribunal Constitucional admitió a trámite este 24 de febrero de 2023 el recurso que planteó VOX contra la denominada ley del solo sí es sí.
La formación presidida por Santiago Abascal entiende que la reforma penal «vulnera todos los principios básicos del ordenamiento jurídico y la Constitución«.
La formación ‘verde’ considera que el texto impulsado por el departamento de Irene Montero ha dinamitado por completo la presunción de inocencia, la prohibición de indefensión y la seguridad jurídica, derivada del modo en que se regula el concepto de «consentimiento» en el marco del nuevo delito de agresión sexual.
Los recurrentes también sostienen que se ha perjudicado el principio de proporcionalidad de las penas por la unificación en un solo tipo penal, la agresión sexual de lo que antes eran dos, el abuso y la agresión sexual.
La ley del solo sí es sí generó una enorme polémica desde su entrada en vigor en octubre de 2022. Poco a poco comenzaron a conocerse sentencias que rebajaban las penas de los condenados por delitos sexuales al aplicarles la nueva ley por ser más beneficiosa para el reo, como establece el artículo 9.3 de la Constitución y el 2.2 del Código Penal.
Al momento de redactar esta información, ya son más de 250 los condenados que han conseguido beneficiarse, lo que llevó al partido de Santiago Abascal a registrar un recurso ante el Constitucional el 2 de diciembre de 2023.
Uno de los encargados de presentar el texto en el Tribunal Constitucional fue el vicepresidente de VOX, Javier Ortega Smith. Tras hacerlo, cargó duramente contra los diputados y partidos que habían votado a favor de la reforma impulsada por Irene Montero:
Todos ellos son responsables, personalmente, de todos los violadores y pederastas que salgan a la calle y de los crímenes que puedan volver a cometer estando en libertad.
Los magistrados admiten a trámite el recurso de VOX en su primer pleno con mayoría progresista. En la votación no tomó parte Juan Carlos Campo. El exministro de Justicia pidió abstenerse porque cuando se elaboró el anteproyecto de ley formaba parte del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.
