El portavoz del PSOE en el Congreso ha decidido llevar la defensa de la mujer de Pedro Sánchez a un nuevo nivel.
Patxi López no se ha limitado a mostrar su apoyo público a Begoña Gómez, quien enfrenta un procesamiento por cuatro delitos. Ha lanzado un mensaje directo al juez Juan Carlos Peinado que es una amenaza encubierta.
«El tiempo y la justicia real pondrán a cada uno en su sitio, y eso incluye al juez Peinado«, afirmó con firmeza, marcando un punto de inflexión en el tono de la confrontación institucional.
Las afirmaciones de López, realizadas tras la Junta de Portavoces, constituyen un salto cualitativo en la ofensiva gubernamental.
Cuando se le preguntó si creía que la esposa del presidente había desarrollado su actividad de manera «absolutamente impoluta», respondió con un sí rotundo. No se trata de una opinión matizada ni de una defensa técnica; es un respaldo sin reservas que, junto a su advertencia al magistrado, construye un mensaje político contundente hacia el poder judicial.
La defensa en tromba del Gobierno
Lo que comenzó como una reacción institucional ha evolucionado hacia una estrategia de ataque coordinada desde Moncloa. El Gobierno no solo defiende a Gómez, sino que también pone en entredicho la legitimidad del proceso judicial en su totalidad. Ministros como Félix Bolaños han señalado que las decisiones de Peinado «no se ajustan a derecho» y que los daños a la Justicia serán «probablemente irreparables». La comparación hecha por Bolaños con Fernando VII no fue casual: pretendía insinuar que estamos ante un retroceso democrático.
López también aprovechó su intervención para criticar al PP y Alberto Núñez Feijóo, acusándoles de haber perdido «cualquier atisbo de moral y ética» en su estrategia de oposición. Según el portavoz socialista, los populares están centrados únicamente en «atacar» al presidente, incluso en temas de política internacional, donde el Gobierno se opone a los «desvaríos» de líderes como Donald Trump o Benjamin Netanyahu. La táctica es clara: transformar la defensa de Gómez en un enfrentamiento político total donde el PP se presenta como el verdadero enemigo de la democracia.
Las asociaciones judiciales contra la embestida
La ofensiva gubernamental ha suscitado una respuesta inmediata por parte de las principales asociaciones de jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha calificado como «inadmisible» que un miembro del Gobierno afirme que una actuación jurisdiccional concreta «ha avergonzado a muchos ciudadanos». El Consejo General del Poder Judicial también ha mostrado malestar, pidiendo «respeto» hacia las decisiones judiciales. López ha intentado minimizar estas críticas, sugiriendo que hay opiniones desde otros sectores que no reciben igual atención.
Sin embargo, lo que el portavoz socialista omite es que el propio Peinado ha interpuesto querella contra políticos como Gabriel Rufián y él mismo por acusarle de prevaricación. En el caso del portavoz del PSOE, esto se debe a unas declaraciones realizadas el 25 de septiembre donde López afirmó que Peinado estaba llevando a cabo una «persecución» contra el Ejecutivo. Las indemnizaciones solicitadas por Peinado oscilan entre 10.000 y 50.000 euros dependiendo del caso.
