Política
El exministro y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana. EP

Más cara que espalda y todo a cuenta del sufrido contribuyente (La juez pone en libertad a Eduardo Zaplana tras tenerlo 9 meses en la cárcel con cáncer).

La pista del dinero blanqueado por el entramado que presuntamente promovió Eduardo Zaplana ha sido una de las partes de la instrucción del conocido como caso Erial que se ha llevado a cabo de manera más minuciosa.

La juez Isabel Rodríguez, el fiscal Pablo Ponce y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han realizado durante años un rastreo exhaustivo de las cantidades obtenidas a partir de las supuestas mordidas -cuantificadas en 10,5 millones- mediante la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV).

La mecánica desvelada apuntaría a que a través de esos contratos se cobrarían comisiones y los fondos se desviarían a sociedades extranjeras.

Para pagar estas mordidas, existirían dos operativas: compraventa ficticia de participaciones y facturación a empresas por prestaciones de servicio inexistentes.

El dinero se ocultaba en cuentas con la intención de retornarlo a España a través de empresas, lo cual se consiguió con determinadas cantidades.