En la carta destacada del día de El Periódico, titulada “Protección deficiente ante los casos de acoso laboral”, su autora, Josefa Gómez Silva, explica las vicisitudes por las que atraviesa alguien de su entorno. Cuando alguien está en peligro, y no puede resolver la situación por sí mismo, tiene la obligación moral de pedir ayuda. Lo que dice la carta es que los que hacen sindicatos, asociaciones y abogados es preguntarle si tiene pruebas.
La ley pide pruebas que por lo general son muy difíciles de obtener. Quien es elegido como víctima suele ser alguien indefenso, alguien al que se le “pueda hacer”. A medida en que las gentes bienintencionadas dan pistas sobre el acoso moral y las formas de defenderse, quienes lo practican van sofisticando sus métodos. Las asociaciones y los abogados poco más pueden hacer que pedir las pruebas. Pero los sindicatos sí podrían hacer algo más que difundir sus conocimientos sobre el asunto y declararse totalmente contrarios a esta práctica. De hecho, todo el mundo, incluso los acosadores, se declaran contrarios. Bastaría con que los sindicatos exigieran a sus afiliados, aun teniendo en cuenta que son pocos, que no participaran en estas horrendas prácticas para que se abortara la mayoría de los casos. Sólo con uno o dos de los compañeros de la víctima que se nieguen a seguir el juego, ya se ha desbaratado el intento. Y en aquellos casos en los que esto no fuera posible, podrían los sindicatos tratar de conseguir las pruebas que permitieran poner la denuncia con garantías de éxito.
Es cierto que algunas veces los sindicatos ganan algún pleito sobre esta cuestión, pero también lo es que el acoso moral está muy lejos de ser erradicado. Quizá si consiguieran acabar con él, los sindicatos conseguirían muchos más afiliados. Josefa Gómez Silva no dice nada en su carta de la Inspección de Trabajo.
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