La actuación de los políticos catalanes en el caso del niño cuyos padres han exigido clases en español es repugnantemente criminal. Con estos gobernantes no hay nada que dialogar. Si desconocen la ley, que es la base de todo diálogo y carecen de humanidad, la única opción que queda es aplicarles la ley. Dejar caer sobre ellos el peso del Estado.

Hay que aplicar el artículo 155 en Cataluña (en el País Vasco bastaría con investigar los atentados que quedan por resolver para meter el miedo en el cuerpo a más de uno, y sobre todo a los de Bildu), pero no sólo por el niño de apenas cinco años con el que se quieren ensañar los catalanistas, haciendo alarde de lo son: la escoria de España, sino también por los propios niños a los que incitan a acosarlo. El envilecimiento de la infancia es el peor pecado que puede cometer un gobierno. La infancia de cualquier país es su tesoro más preciado, su porvenir. Quienes quieren a su país deben inculcar en los niños los más altos valores humanos. Pero si en lugar de enseñarles la nobleza de espíritu los envilecen, si en lugar de explicarles el espíritu de colaboración les inducen a acosar al distinto, si en vez de pregonar el amor los llenan de odio, esa sociedad está condenada al fracaso.

El acoso moral o físico es un crimen. Quienes acosan a otro son asesinos en potencia. La finalidad de todo acoso es el suicidio del acosado. Si no se produce siempre es porque influyen otros factores. Pero entre las víctimas del acoso las hay que mueren de infarto, que sufren depresiones severas, de las que nunca se recuperan por completo, o se les agravan las dolencias que padecían anteriormente.

Inducir a practicar el acoso es propio de gente abominable, asquerosa, infame. Un demócrata no puede aceptar el acoso bajo ningún concepto.

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