No podemos concebir un orden social basado en la impunidad, la corrupción, la inseguridad, la violencia, la cultura de la muerte. Todos estamos llamados a rendir cuentas de nuestros actos
(Guillermo Gazanini, México).- Apenas se dio a conocer los resultados de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el incremento en la percepción de inseguridad y violencia en 55 ciudades del país, la tarde de este miércoles 18 de abril, mientras los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México iniciaban el debate donde propusieron sus planes y estrategias de seguridad pública para la capital de México, en uno de los municipios conurbados y que comprende la recientemente erigida diócesis de Izcalli, se reportó la muerte violenta de un sacerdote, padre Rubén Alcántara Díaz, vicario judicial y rector de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Cuautitlán Izcalli, porción de la diócesis que pastorea Mons. Francisco González Ramos.
Los hechos siempre son confusos al momento del crimen; sin embargo, se dice que un sujeto entró al templo teniendo una discusión con el sacerdote quien, de súbito, fue agredido con arma blanca a la vista de algunos fieles y personal administrativo atestiguando el ataque. El padre Alcántara Díaz quedó muerto en un charco de sangre mientras los servicios periciales reunían las pruebas para determinar las causas del homicidio.
Cuautitlán Izcalli es municipio del vecino Estado de México, limítrofe con la capital, que ha visto un incremento alarmante de delitos de alto impacto. El crimen ha tocado a todos por igual y colonias enteras de esa localidad viven un virtual estado de sitio donde se recomienda a los vecinos no arriesgar su integridad a altas horas de la noche.
Pero también es foco de violencia política. Apenas en febrero, un diputado federal con licencia quien competía por la presidencia municipal, Francisco Rojas Sanromán, fue asesinado a balazos a las puertas de su domicilio. Ante la incapacidad y los pocos elementos para dar con los responsables, la fiscalía del Estado de México, al puro estilo del viejo oeste, ofreció una recompensa de 500 mil pesos (unos 22 mil 700 euros) a quien aportara datos veraces y fidedignos de los asesinos del frustrado político de extracción priista (PRI), partido en el gobierno federal.
La semana pasada, los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el marco de la 105 Asamblea, analizaron las urgentes circunstancias por las que pasa el país. La reunión concluyó con el diálogo con cuatro candidatos a la presidencia de la República. Los contendientes tuvieron el mensaje previo del Consejo de la Presidencia de la CEM en el cual expresaron la preocupación por la expansión de la cultura de la muerte y la urgencia de paz: «No podemos concebir un orden social basado en la impunidad, la corrupción, la inseguridad, la violencia, la cultura de la muerte. Todos estamos llamados a rendir cuentas de nuestros actos. Creemos que este es uno de nuestros grandes desafíos nacionales, pues este país, no puede ser «una casa para todos», cuando se violenta la vida, en cualquiera de sus etapas, se menoscaba su dignidad, o se violenta el espacio más íntimo en el que se experimenta y se aprende a vivir, es decir la familia. Nuestro desafío no sólo es legal, sino principalmente cultural. Estamos llamados a cultivar la vida, a cuidarla y protegerla para todo ser humano, especialmente en aquellas «periferias existenciales» que nos interpelan para promover creativos instrumentos y esfuerzos institucionales de reconciliación, desarrollo y paz».
Unos días después, en el mismo municipio donde tiene sede la Conferencia del Episcopado Mexicano, un sacerdote cae a causa de este caos social que carcome el tejido social de la nación mexicana a pesar de los esfuerzos de muchos grupos de la sociedad, entre ellos la Iglesia, para construir la paz y devolver la tranquilidad.
En pleno clima de competencia política, los trágicos hechos nos despiertan del embotamiento para cimbrarnos, nos estremece que el dolor y el sinsentido de esta virulencia toquen de nuevo a las puertas de la Iglesia, pero más dolorosa es la pasión de miles de mexicanos en la zozobra que ya no pueden sostenerse sólo de promesas y más promesas en tiempos electorales.
Periodistas -40 asesinados-, sacerdotes -22 que han perdido la vida-, políticos y alcaldes -73 ultimados-, mujeres -más de diez mil- y los 117 mil muertos de este sexenio 2012-2018 que languidece, demuestran el impresionante drama que no puede ser extraño ni lejano a cada uno de nosotros, los que habitamos esta casa común. Como bien afirman los obispos de México, «la gobernabilidad de cualquier sociedad requiere de corresponsabilidad» donde las urgencias que vivimos necesitan del replanteamiento de «las tareas de una verdadera autoridad» que supere los enconos, abata la corrupción y dé el golpe firme de timón.
Otra diócesis de México ha sido tocada por la muerte y enluta a la Iglesia toda. La pérdida del sacerdote de 50 años al interior de su templo no puede quedar, como en otros casos, en el archivo y la oscuridad de los movimientos burocráticos que dan carpetazo a los miles de asuntos penales envueltos en la impunidad. De nuevo citando a los obispos de México, «Nuestras inquietudes son muchas, pero el tiempo se ha agotado». Hoy la muerte truncó el reloj de la vida de un sacerdote. Cada asesinato es advertencia de esta categórica sentencia: sí, «nuestro tiempo se ha agotado».
Descanse en paz, padre Rubén Alcántara Díaz (1968-2018)
El informe parcial del Centro Católico Multimedial sobre sacerdotes asesinados en el 2018 puede consultarse aquí:
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