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Diócesis
La Santa Sede declara al sacerdote culpable de los abusos sexuales a menores en Puebla de Sanabria RD
La decisión ha sido adoptada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha considerado "probados" los hechos denunciados, declarándolo culpable de "un delito grave de abusos sexuales a menores"

(Jesús Bastante).- Roma considera probado que José Manuel Ramos Gordon abusó sexualmente de menores en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, entre 1981 y 1984, y por ello lo condena al 'destierro' durante diez años, según anunció en rueda de prensa el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez.

Tras una investigación canónica en la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gordon ha sido condenado a una pena de diez años de "privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal, residiendo en un monasterio o convento fuera de la dióceis de Astorga".

A la pena, considerada "muy grave", se añade que, posteriormente, Ramos Gordon (quien también fue declarado culpable en su día de los abusos contra un joven en el seminario de La Bañeza), tendrá que residir en la casa sacerdotal, "y sólo podrá celebrar misa con el permiso del obispo".

La decisión ha sido adoptada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha considerado "probados" los hechos denunciados, declarándolo culpable de "un delito grave de abusos sexuales a menores". En el anterior caso, Ramos Gordon fue condenado a un año apartado del sacerdocio, del que solo cumplió seis meses.

 

 

Ahora, y aunque el caso estaba prescrito tanto civil como canónicamente (los abusos se produjeron entre 1981 y 1984), la Santa Sede, "haciendo uso de sus facultades especiales, levantó la prescripción de los hechos, y me encomendó un proceso administrativo penal", apuntó el obispo Menéndez.

Un proceso que ha sido llevado a cabo por "expertos juristas extradiocesanos" y cuyas conclusiones se han llevado a la Santa Sede. Finalmente, Ramos Gordon ha sido condenado en función del canon 1395 del Código de Derecho Canónico, con el 'destierro' de la diócesis durante diez años, y la prohibición de celebrar en público el resto de su vida. Una sanción que, según el obispo de Astorga, "es prácticamente la expulsión del estado clerical".

"He informado personalmente de la decisión adoptada al sacerdote y a la víctima, a quien expresé mi dolor por la gravedad del delito, le pedí perdón en nombre de toda la comunidad, y me puse a su disposición par acompañarle espiritual y humanamente en aquello que legítimamente desee". Algo que no incluye la indemnización porque, tanto en este caso como en el de La Bañeza, el obispo sostiene que "no puedo hacer". En el caso de abusos de La Bañeza, además, porque "no hay sentencia canónica o civil que me lo permita, el caso ya había sido juzgado". Y Ramos Gordon condenado con apenas un año.

Haciendo suyas las palabras del Papa, Juan Antonio Menéndez, admitió que "nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y reparar el daño causado. Nunca será poco lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no se repitan sino que no encuentren espacios para ser encubiertas", y exigió a todos "hacer todo lo posible para que, en adelante, se proteja y garantice la seguridad de adultos y niños, así como la implementación de la tolerancia cero a la que repetidas veces alude el Papa Francisco".

 

 

Como se recordará, a principios de 2017, tras darse a conocer el caso, ya se realizó una primera investigación, a raíz de una denuncia remitida al Papa Francisco en 2014 por un alumno del Seminario Menor de La Bañeza. Entonces José Manuel Ramos Gordón fue privado del oficio de sacerdote. Meses antes, en el verano de 2016 había sido apartado por el Obispado de Astorga de la parroquia de Tábara, sin dar explicaciones sobre las razones que amparaban esa decisión a los vecinos, que le rindieron homenaje en octubre de ese mismo año.

En febrero de 2017 cuando salieron a la luz nuevas denuncias, en este caso la de un ex alumno del colegio sanabrés, en las que acusaba al sacerdote de presuntos abusos sexuales cuando era menor. Denuncia a la que se han ido sumando otras por hechos similares, lo que obligó a la Congregación para la Doctrina de la Fe a reabrir el caso e investigar los hechos, y cuya resolución se dio a conocer hoy. La pena comenzará a cumplirse de inmediato.