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España
Los Franco, en la cripta de La Almudena Agencias
El entierro no contraviene el Decreto-Ley ni la Ley de Memoria Histórica pero que, en la práctica, supone enterrar al dictador a pocos metros del Palacio de Oriente, lo que ha desatado las alertas en Moncloa y en Bailén

(Jesús Bastante).- Si la familia o el Gobierno no lo evitan, los restos de Francisco Franco reposarán en la cripta de la catedral de La Almudena una vez salgan del Valle de los Caídos. Una posibilidad que el Ejecutivo socialista ni siquiera había previsto, que la Iglesia temía, y con la que los Franco pretenden 'vengarse' de Sánchez y Osoro por lo que entienden una 'traición' a su abuelo.

Como ya adelantó RD, los Franco cuentan en la cripta con una tumba, con capacidad para entre cuatro y seis cuerpos, que fue adquirida "a perpetuidad" por la hija del dictador en 1987 y donde Carmen Franco (fallecida en diciembre de 2017) está enterrada, junto con su marido, el marqués de Villaverde (que murió en 1998).

En su escrito de alegaciones a la exhumación del dictador, los nietos de Franco apuntaron que, en caso de que sus recursos no prosperen y su abuelo sea sacado del Valle de los Caídos, su deseo era que fuera inhumado en ese lugar. Una acción que no contraviene el Decreto-Ley ni la Ley de Memoria Histórica pero que, en la práctica, supone enterrar al dictador a pocos metros del Palacio de Oriente, lo que ha desatado las alertas tanto en Moncloa como en la sede del Arzobispado de Madrid.

Y es que la Iglesia madrileña no quiere tener a Franco bajo su catedral. El cardenal Osoro, quien junto al presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, tuvo un papel protagonista para que la Abadía de Cuelgamuros no pusiera pegas a la salida de la momia del dictador, teme que los intentos de parte de la Iglesia española (la más cercana al Papa Francisco) por alejarse de cuestiones políticas se vayan al traste con un enterramiento que volvería a traer a la memoria el nacionalcatolicismo y los vínculos de la Iglesia con el Franquismo.

 

 

Pero, legalmente, Osoro no puede hacer nada. De un lado, no puede impedir que la familia entierra al dictador en una tumba de su propiedad. Del otro, tampoco puede cerrar la cripta al público, pues se trata de un recinto "con actividad parroquial". La ubicación de la tumba, en el suelo a la izquierda de la entrada, tampoco facilita las cosas. "Si estuviera en una capilla, sí podría cerrarse, pero aquí es zona de paso", lamentan desde el Arzobispado.

Oficialmente, desde la diócesis aseguran no haber recibido ningún tipo de comunicación, ni por parte de la familia ni por parte del Gobierno, respecto a la futura inhumación de Franco en la cripta. Pese a todo, el cardenal Osoro, desde Roma (donde se encuentra hasta el 28 de octubre, participando del Sínodo de la Juventud), sigue el desarrollo de los acontecimientos, y ha hablado del asunto con Secretaría de Estado, que concluye -como la diócesis madrileña- que la Iglesia no puede oponerse a los deseos de la familia. Así se lo transmitirá, si el tema sale en el encuentro, el cardenal Parolin a la vicepresidenta Calvo en la reunión que mantendrán en el Vaticano el próximo 29 de octubre.

Sin embargo, según ha sabido RD, la Iglesia madrileña ya trabaja con varias hipótesis en el caso de que ésta sea inevitable, como ya dan por hecho círculos eclesiásticos y gubernamentales. La primera de ellas, la menos viable en la actualidad pero la que preferirían Gobierno y Arzobispado, estaría en la ruptura de la 'unanimidad' en el seno de la familia Franco. Distintas fuentes apuntan a que alguno de los siete nietos del dictador no estaría de acuerdo con la postura mayoritaria, y abogaría por evitar conflictos y enterrar al abuelo junto a su mujer, Carmen Polo, en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo), gestionado por Patrimonio Nacional.

Esta posibilidad es la que Gobierno e Iglesia esperaban que se diese de manera natural, pero los Franco "nos colaron un gol por toda la escuadra", subraya una de las personas que vivió de cerca la negociación para la salida de los restos del Valle de los Caídos.

Si esto se produjera, el Ejecutivo podría aducir a la falta de consenso entre los familiares para ser él quien decidiera el lugar de la sepultura. Algo que, a día de hoy, parece inviable, pero en lo que se afanan, discretamente, personas cercanas a varios de los nietos.

La segunda posibilidad, en el caso de que Franco finalmente llegara a la Almudena, es doble. En primer lugar, asegurar que la inhumación sería un acto privado, sin focos y con la única presencia de algún representante de la familia, del Gobierno y de la Iglesia. En segundo lugar, el compromiso de la Iglesia de que en la cripta no se produzca ningún tipo de acto de enaltecimiento a la figura del dictador.

Para ello, el Arzobispado podría comprometerse a elaborar, en coordinación con las autoridades públicas, un sistema de seguridad que impida la entrada en el templo de grandes grupos, ni de personas que portaran símbolos políticos. No se vería la famosa bandera fascista ni elementos franquistas. Al tiempo, al tratarse de un lugar de recogimiento, oración y silencio, se impedirían cualquier tipo de cánticos o tumultos en el interior del templo. No podría impedirse, no obstante, que algún fiel quisiera arrodillarse y rezar por el alma del dictador.

Otro problema sería la seguridad en el exterior, que no dependería de las autoridades eclesiásticas, sino, en su caso de la Policía Nacional o Municipal. "La Iglesia puede impedir que alguien grite 'Viva Franco' en la cripta, pero no que lo haga fuera. Ése es un problema de las Fuerzas de Seguridad" apunta, a este diario, un experto en Derecho Canónico que está siguiendo de cerca el devenir de los acontecimientos.

Pese a todo, desde el Arzobispado de Madrid se reitera que, a día de hoy, ni Gobierno ni familia Franco se han dirigido a la Iglesia para hacer ningún tipo de petición, ya sea a favor o en contra del traslado de los restos del dictador a la cripta, y se recuerda que, como todo bautizado, Franco tiene derecho a ser enterrado en el lugar que decida la familia, salvo que lo impidan razones legales. Y, en ese caso, tendría que ser el Gobierno quien lo impidiera, no la Iglesia.