Que se lo cobren a los partidos políticos, a los sindicatos, a otras instituciones que de algún modo están ahí para el bien común. Que se lo cobren también a los musulmanes y a otras religiones cristianas o no cristianas
El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ve una «discriminación» que el Gobierno de Pedro Sánchez se esté planteando que la Iglesia Católica tenga que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por los edificios no dedicados al culto, del que ahora está exenta, y sin embargo no planté cobrárselo al resto de confesiones religiosas.
«Que se lo cobren a los partidos políticos, a los sindicatos, a otras instituciones que de algún modo están ahí para el bien común. Que se lo cobren también a los musulmanes y a otras religiones cristianas o no cristianas», ha sentenciado el arzobispo preguntado al respecto durante la presentación del Día de la Iglesia Diocesana.
Según ha manifestado el arzobispo, «da la impresión» que la Iglesia Católica tiene «un chollo impresionante» con esta cuestión, algo que según ha defendido «no se corresponde con la realidad».
«Nosotros a nosotros mismos como Iglesia no nos hemos declarado entidades para el bien común», algo por lo que, según ha explicado, «no se cobra a determinadas instituciones el IBI». Asimismo, ha reñido a los medios por relacionar el pago del IBI con el Concordato. «Por favor quitad esa palabra de vuestros periódicos porque eso ya es tan rancio y además está utilizado con mala idea», ha dicho.
Ha insistido en que a él no le corresponde decir si la Iglesia Católica debe pagar el IBI o no, aunque sí cree que cobrárselo sólo a ellos sería «injusto».
De su lado, el vicario general de la Archidiócesis de Toledo, Francisco-César García Magán, ha querido aclarar que en el caso de que el Gobierno lleve adelante este planteamiento, desde un punto de vista jurídico sería «una violación» de un principio fundamental de la Constitución que habla de la igualdad jurídica ante la ley.
«Evidentemente esa hipótesis de que la Iglesia tuviera que pagar el IBI y las otras confesiones religiosas y los otros organismos no, colocaría en una clara situación de discriminación a los ciudadanos católicos, violando un principio constitucional».
«No queremos que nos cobren el IBI», ha enfatizado el Ecónomo Diocesano, Anastasio Gómez Hidalgo, presente también en la rueda de prensa, zanjando de esta manera este tema.
Por otro lado, el arzobispo de Toledo ha desvelado este jueves que desde que está al frente de la Archidiócesis de Toledo «en alguna ocasión» ha tenido que aplicar el protocolo de actuación ante agresiones sexuales contra menores.
Rodríguez, que ha rehusado contar más al respecto, sólo ha confirmado que en este momento este caso no se encuentra en sede judicial sino que «está resuelto».
Rodríguez también, preguntado al respecto, se ha pronunciado sobre las denuncias interpuestas por Javier Paz contra un cura de Salamanca por abusos sexuales entre 1982 y 1992.
El arzobispo de Toledo ha asegurado que ese tema no tiene nada que ver con él y se ha mostrado extrañado por el hecho de que haya habido algún medio que le haya acusado de encubrir este caso. «Eso significa mala idea y algo que no está bien», ha afeado.
Ha explicado que los hechos denunciados ocurrieron entre 1982 y 1992 y él no fue nombrado obispo de Salamanca hasta el año 1995. «Conozco al cura, lógicamente he estado siete años allí», ha replicado Rodríguez, quien ha señalado que cuando se sustanció ese tema a nivel de la justicia civil él estaba tranquilamente en Valladolid.
Dicho todo esto, el arzobispo toledano ha apuntado que la Iglesia sabe «perfectamente» lo que tiene que hacer frente a estos casos: Por un lado, ha destacado, está la justicia a la cual el Obispado «tiene que facilitar y no oponerse» y, por otro, el obispo tiene que aplicar los protocolos que están vigente en la Iglesia Católica.
RD/Agencias
